RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La «logística» es un delito, es una forma de soborno, y los senadores y diputados que aprobaron la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral lo reconocen, según afirmó hoy el titular de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos Electorales, Iván Feliz Vargas.
El magistrado Feliz explicó que en la cultura dominicana, la logística implica llevar personas a votar, y que a menudo «necesitan 300, 500 o mil pesos, lo cual está prohibido por ley».
«En las elecciones municipales de febrero, se observó una parafernalia de todos los partidos políticos, donde se veían estructuras que llevaban gente a votar, y posiblemente se gastaba dinero», agregó el fiscal.
Manifestó que en la actualidad hay dos personas, una de Santiago y otra de Nagua, con medidas de coerción por el delito de compra de cédulas en las elecciones municipales de febrero.
Los procesados pertenecen a los partidos Fuerza del Pueblo y De la Liberación Dominicana. Aunque no se presentaron denuncias de otros partidos, eso no significa que no haya habido casos.
«En el caso específico de la compra de cédulas, es un delito que se castiga de uno a tres años», enfatizó el procurador contra Crímenes y Delitos Electorales, Iván Feliz, en el Programa El Día de Telesistema.
Señaló que la Junta Central Electoral (JCE) cuenta con personal encargado de evitar la instalación de carpas en los alrededores de los recintos de votación, ya que eso se considera proselitismo.
Instó a los partidos políticos y a los líderes a mantener la calma y a no promover situaciones como «romper carpas», alentándolos a realizar denuncias cuando sea necesario.
«Un grupo estará vigilando a aquellos que porten gafetes», explicó el magistrado, señalando que durante el proceso de mayo las fiscalías estuvieron abiertas, pero no se recibieron denuncias. Instó nuevamente a los partidos políticos a mantener la calma y a utilizar el sistema judicial para resolver disputas.
«Informó que los 19,800 agentes policiales se han capacitado en materia de delitos y crímenes electorales, donde la mayoría son policías de la Dirección Central de Investigación (DICRIM)», informó.
«Es crucial confiar en la policía, ya que debemos trabajar en conjunto con ellos».
Además, destacó que estarán atentos a la contaminación sónica y visual en los alrededores de los recintos, y utilizarán la inteligencia artificial para detectar noticias falsas.
Entre los principales delitos están: obstaculizar o cohibir a un votante cuando se dirige a un colegio electoral a ejercer su derecho al voto; enseñar el voto o decir por quien votaste o piensas votar; amenazar con despedir a un empleado que quiera votar; pedir dinero, favores o regalos a cambio de votar a favor de cualquier candidato o candidata; comprar o vender una Cédula de Identidad y Electoral, entre otros establecidos en el Capítulo II, Artículo 309 y siguientes de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral.
