RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– El año 2024 estuvo marcado por dos proyectos de ley que desataron intensos debates y provocaron una gran controversia en la sociedad dominicana: la fallida reforma fiscal y la anulada Ley 1-24 que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Ambos proyectos no solo polarizaron a la clase política, sino que generaron un gran rechazo de diversos sectores de la sociedad civil, quienes vieron en estas iniciativas un peligro para la estabilidad económica y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La Reforma Fiscal: Un Impuesto al Bolsillo de los Ciudadanos
El primer proyecto que generó un amplio rechazo fue la llamada “Ley de Modernización Fiscal”, promovida por el gobierno del presidente Luis Abinader con el objetivo de aumentar los ingresos fiscales del Estado. Esta iniciativa fue retirada del Congreso Nacional el 19 de octubre tras el rechazo masivo de sectores clave de la sociedad, incluyendo a la clase empresarial, comerciantes, organizaciones sociales y políticos de diferentes partidos.
La propuesta fiscal tenía como propósito mejorar la recaudación del gobierno en aproximadamente RD$122 mil millones anuales, para destinarlos a áreas prioritarias como transporte, salud, seguridad y asistencia social para los más vulnerables. Sin embargo, la manera en que se pretendía aumentar los ingresos fiscales provocó un fuerte descontento, ya que afectaba directamente a una gran parte de la población.
Entre las medidas propuestas, se encontraban incrementos en impuestos a sectores como el alcohol, la renta, el sector inmobiliario, las iglesias, y una ampliación del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS). Además, la reforma incluía la eliminación de exenciones tributarias y del anticipo a las personas físicas y microempresas. Este paquete de medidas fue percibido por muchos como una carga excesiva para los ciudadanos, que veían cómo la presión fiscal afectaría principalmente a las clases media y baja.
La reacción de los sectores empresariales fue tajante. Líderes de la Asociación de Comerciantes, la Confederación Patronal, y otras agrupaciones, alertaron sobre los riesgos de desincentivar la inversión privada y el consumo interno. En la opinión pública, la reforma fue vista como una medida recaudatoria que no estaba acompañada de una estrategia clara para mejorar la eficiencia del gasto público. “El gobierno debe mejorar la calidad del gasto y dejar de cargar a la clase media y baja con más impuestos”, expresó en su momento el presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa (Conape), quien también denunció el impacto negativo que tendría sobre las pequeñas empresas.
A pesar de que el presidente Abinader defendió la reforma como una necesidad para fortalecer las finanzas públicas, la negativa generalizada de los sectores afectados obligó a su retiro. La retirada de la propuesta fue vista como una derrota política para el gobierno, aunque algunos analistas políticos consideraron que el mandatario había tomado una decisión prudente al escuchar las voces de la ciudadanía.
La Ley 1-24: El Proyecto de Inteligencia que Atentaba Contra la Libertad
El segundo proyecto que causó un gran revuelo en 2024 fue la Ley 1-24, también conocida como la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Esta ley fue promulgada en enero de 2024, pero el Tribunal Constitucional la declaró ilegal en julio de ese mismo año. El tribunal argumentó que el Congreso Nacional no cumplió con los requisitos establecidos para la aprobación de leyes orgánicas, que requieren el respaldo de las dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión.
La Ley 1-24 otorgaba amplios poderes a la DNI, un organismo encargado de coordinar las actividades de inteligencia y contrainteligencia en el país. La controversia radicaba en que la ley permitía a las autoridades acceder a información pública y privada sin orden judicial, lo cual fue considerado como una violación al derecho a la intimidad y al debido proceso, principios fundamentales de la Constitución Dominicana.
Este proyecto generó una alarma generalizada, especialmente entre los defensores de los derechos humanos y la prensa libre. La ley autorizaba a la DNI a realizar acciones de inteligencia que incluían, entre otras cosas, la obligación de los periodistas a revelar el nombre de sus fuentes y entregar a las autoridades toda la información solicitada. Esta disposición fue rechazada rotundamente por organismos de la sociedad civil, como la Asociación de Periodistas de la República Dominicana (APRD), que la calificaron como un atentado contra la libertad de expresión y un retroceso en los derechos fundamentales.
La reacción social fue contundente. El colectivo Marcha Verde, que ha luchado en los últimos años por la transparencia y la justicia en el país, organizó protestas en contra de la ley, señalando que se trataba de un intento de control del Estado sobre la sociedad civil. Para muchos, la ley representaba un peligro para la democracia, ya que podría haber permitido la vigilancia masiva de la ciudadanía sin garantías procesales.
El Debate sobre la Seguridad y el Respeto a los Derechos Humanos
A pesar de la nulidad de la Ley 1-24, el debate sobre la seguridad y los mecanismos de inteligencia en República Dominicana sigue siendo un tema candente. El gobierno defendió la creación de la DNI como una medida necesaria para fortalecer las capacidades de inteligencia del país frente a amenazas internas y externas, especialmente en un contexto de creciente violencia y crimen organizado.
Sin embargo, para muchos sectores, la creación de un organismo con amplios poderes sin la debida supervisión podría abrir la puerta a abusos de poder y violaciones de derechos humanos. La clave del debate radica en encontrar un equilibrio entre la seguridad nacional y el respeto por las libertades individuales. Es fundamental que cualquier medida relacionada con la seguridad y la inteligencia esté sujeta a un control judicial efectivo y a la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Reflexión Final
El 2024 se ha cerrado con un panorama de incertidumbre, pero también con una oportunidad de aprender de los errores cometidos y de seguir construyendo una sociedad más justa y equilibrada. La experiencia vivida debe servir como una lección de la importancia de escuchar a la ciudadanía y actuar en función del bienestar común.
