RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El expresidente de la República y líder del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, propuso este domingo abrir un espacio de reflexión crítica sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, recientemente sometido al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo.
En su columna “Observatorio Global”, Fernández valoró como un mérito del proyecto su objetivo de actualizar el marco normativo vigente, representado por la Ley 6132 de 1962 y el Reglamento 824 de 1971. Sin embargo, alertó sobre lo que considera omisiones clave y debilidades estructurales que, a su juicio, deben ser revisadas antes de aprobar la iniciativa.
El expresidente cuestionó el enfoque del proyecto en torno a los medios digitales y algorítmicos, al considerar que la radio y la televisión (modalidades que no figuran en la ley actual) reciben una atención “limitada e insuficiente”. También señaló la ausencia de elementos fundamentales como tratados internacionales de telecomunicaciones, marcos legales para empresas audiovisuales y una clasificación clara de los modelos de transmisión televisiva.
Además, Fernández planteó dudas sobre aspectos técnicos como la distribución del espectro radioeléctrico y las responsabilidades del personal en medios audiovisuales, que considera insuficientemente abordados en el documento propuesto.
En su análisis, el presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) recordó que varios países como España, Brasil y miembros de la Unión Europea ya han comenzado a regular los entornos digitales y algorítmicos, aunque admitió que se trata de un campo aún en desarrollo.
En ese contexto, mostró preocupación por la creación del Instituto Nacional de Comunicación Audiovisual (INACOM), entidad que sustituiría a la actual Comisión de Espectáculos Públicos y que tendría potestad sancionadora, lo que podría generar tensiones en el ejercicio de la libertad de expresión.
Fernández concluyó que, si bien la propuesta legislativa busca modernizar el ordenamiento jurídico en materia de comunicación, es imprescindible que pase por un proceso de deliberación pública y plural que garantice su coherencia y respete los principios democráticos.
