RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El proyecto de ley para regular las candidaturas independientes en la República Dominicana, impulsado por la Junta Central Electoral (JCE), ha desatado un intenso y crucial debate en el país. A medida que se acercan las elecciones de 2028, diversos sectores de la sociedad civil y el ámbito político manifiestan una creciente preocupación: ¿realmente esta propuesta facilitará o, por el contrario, impondrá obstáculos insuperables a los ciudadanos sin afiliación partidaria que aspiran a competir por cargos electivos?
La Consolidación de un Fenómeno y el Nudo Gordiano de su Regulación
El surgimiento de candidaturas independientes no es una moda pasajera; es una manifestación clara de una ciudadanía empoderada que busca alternativas reales ante la percepción de que los partidos políticos tradicionales no siempre representan sus intereses. Este fenómeno, en constante crecimiento, refleja un desencanto con el sistema partidista hegemónico y una demanda por una mayor pluralidad y frescura en la oferta política.
Sin embargo, el auge de estos actores ha generado una tensión inherente sobre su regulación. Si bien es innegable la necesidad de un marco legal que garantice la transparencia, equidad y el orden electoral, el desafío radica en evitar que dicho marco se convierta en una camisa de fuerza que asfixie la participación genuina. La propuesta de la JCE, en este sentido, ha puesto el dedo en la llaga.
Los Puntos de Fricción: Requisitos y Prohibiciones que Generan Alerta
Dos elementos centrales de la propuesta de la JCE son el epicentro de las críticas:
- El Umbral Elevado de Firmas: La exigencia de recolectar un 2% del padrón electoral para respaldar una candidatura independiente es, para muchos expertos en derecho electoral, una barrera desproporcionada. Este requisito, que se traduce en decenas o incluso cientos de miles de firmas, representa una tarea logística y económica monumental que difícilmente puede asumir un ciudadano común sin el respaldo de una estructura partidista o de grandes recursos. Se argumenta que esta cifra es significativamente más alta que en otras democracias de la región, donde los porcentajes son menores y se contemplan mecanismos de apoyo y verificación más accesibles.
- La Restricción a las Alianzas: La prohibición explícita de formar alianzas con otras fuerzas políticas o movimientos es otro punto de grave preocupación. Esta limitación cercena la capacidad de los candidatos independientes para construir coaliciones, sumar apoyos y, en definitiva, aumentar su competitividad y viabilidad frente a los partidos consolidados, que sí pueden establecer pactos y fusiones. Esta medida podría conducir a una mayor fragmentación del voto independiente y dificultar su articulación en el espectro político.
Estos puntos, lejos de promover la igualdad, podrían cristalizar una desventaja estructural para cualquier aspirante que no provenga de la maquinaria partidista, relegando la participación independiente a un espacio meramente testimonial y simbólico, sin posibilidades reales de incidir en la contienda.
Voces en Contra y la Defensa del Modelo
Durante las vistas públicas en la Cámara de Diputados, la preocupación por estas normativas restrictivas fue unánime entre diversos actores. Representantes de la sociedad civil, movimientos políticos emergentes y juristas especializados coincidieron en que la rigidez del proyecto podría restringir severamente el acceso a la contienda electoral, contraviniendo el espíritu de una democracia abierta.
Organizaciones de renombre como Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) han sido enfáticas en su desacuerdo. No solo han presentado observaciones detalladas, sino que también han advertido sobre la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional si la normativa se aprueba sin las modificaciones sustanciales necesarias. Este escenario resalta la trascendencia jurídica y democrática del debate.
En contraste, los partidos mayoritarios han defendido el proyecto, argumentando que sus disposiciones son necesarias para establecer reglas claras, equitativas y garantizar la transparencia del proceso electoral. Su postura se basa en la necesidad de evitar el caos o la proliferación de candidaturas “fantasmas”, aunque esta justificación es vista con escepticismo por quienes temen que la verdadera intención sea preservar el statu quo partidista.
Desafíos compartidos y particularidades dominicanas
El panorama de las candidaturas independientes en la República Dominicana comparte retos comunes con otras legislaciones a nivel global, como la ya mencionada recolección de firmas y la ausencia de financiamiento público equiparable al que reciben los partidos. Sin embargo, el exigente 2% del padrón electoral dominiicano se distingue como una de las cifras más altas en la región, un factor que amplifica la dificultad.
Además, la prohibición de alianzas políticas es una característica que particularmente debilita la consolidación de candidaturas competitivas y reduce la pluralidad política en el contexto electoral dominicano. Esto podría llevar a que la participación independiente se vea aún más marginalizada, impidiendo la conformación de frentes amplios que pudieran representar a sectores diversos de la ciudadanía.
El futuro de la participación ciudadana en 2028: Entre la apertura y la fragmentación
La comisión especial de la Cámara de Diputados tiene en sus manos una responsabilidad crucial: evaluar las observaciones recibidas y modificar el proyecto de ley para lograr un delicado equilibrio. El desafío es mayúsculo: se trata de garantizar la transparencia y la equidad electoral sin menoscabar el derecho fundamental a la participación política de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos que eligen el camino independiente.
Este debate no es meramente técnico-legal; es un reflejo de la tensión inherente entre la búsqueda de una mayor apertura democrática y la necesidad de evitar una fragmentación política que, según algunos, podría afectar la gobernabilidad. La ley de candidaturas independientes, por lo tanto, no es solo una norma; es un elemento definitorio para el futuro de la participación ciudadana y la vitalidad de la democracia dominicana de cara a las elecciones de 2028.
¿Logrará el Poder Legislativo Dominicano construir un marco que verdaderamente empodere al ciudadano o, por el contrario, las barreras terminarán por erigir una democracia de fachada para los independientes?
