RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La discusión sobre los privilegios legislativos en República Dominicana tomó un nuevo rumbo con la propuesta de eliminar las exoneraciones de impuestos para la adquisición de vehículos de lujo por parte de los congresistas.
La Ley 57-96 establece que los vehículos exonerados no pueden ser transferidos antes de dos años desde su importación, pero, según el senador Rogelio Genao, en la práctica este requisito se elude con frecuencia.
El tema ha provocado un fuerte debate entre los legisladores. Algunos, como los senadores Alexis Victoria Yeb y Félix Bautista, han propuesto medidas para limitar estos privilegios, mientras que otros, especialmente del ala de los diputados, exigen una reforma más amplia que elimine también el “barrilito” (un fondo de asistencia social que beneficia a los legisladores).
La diputada Soraya Suárez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), expresó su malestar, cuestionando la equidad de las reformas propuestas.
“Si vamos a eliminar privilegios, que sea para todos, no solo para los diputados. Que se elimine también para empresarios y la Policía Nacional”, comentó. Suárez añadió que los senadores que promueven estas reformas poseen recursos suficientes para cubrir sus propios gastos y no dependen de los beneficios como el barrilito.
Por su parte, el diputado Elpidio Infante compartió la misma postura, pidiendo que se eliminen todos los privilegios, incluidos los de los senadores, y que la reforma sea equitativa para todos los sectores.
En contraste, algunos legisladores están a favor de la propuesta. La diputada Selinée Méndez, de la Fuerza del Pueblo, apoya un tope para los privilegios, sugiriendo que el monto exonerado en la compra de vehículos de lujo no debe exceder los 150 mil dólares. Sin embargo, también plantea que la eliminación de estos beneficios debe incluir a otros sectores de la sociedad, no solo a los congresistas.
En cuanto a la propuesta presentada por Félix Bautista, esta busca suplantar el sistema de exoneraciones por la entrega de vehículos oficiales a los congresistas al inicio de su mandato. La iniciativa también incluye la derogación de varias leyes relacionadas con los privilegios fiscales de los legisladores.
