RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader depositó este martes en el Senado el Proyecto de Ley de Persecución y Judicialización de las Organizaciones Criminales, que establece sanciones de tres a cinco años de prisión para servidores públicos que utilicen su influencia para obtener beneficios económicos o judiciales, ya sea para sí mismos o para terceros.
Además, los culpables serán inhabilitados durante cinco años para ejercer cargos públicos y multados con el doble de los beneficios obtenidos.
Sanciones por tráfico de influencias
El proyecto detalla que quienes se beneficien del tráfico de influencia recibirán la misma condena que el funcionario involucrado, junto con una multa de cuatro a 10 veces el valor del delito. Si no pueden saldarla, deberán pagar entre 25 y 100 salarios mínimos, según lo estipulado en el artículo 34.
Penalidades por irregularidades en compras públicas
El artículo 55 del proyecto establece que funcionarios que violen la Ley de Compras y Contrataciones serán castigados con:
- 4 a 10 años de prisión.
- Inhabilitación por el mismo período.
- Multa de 30 a 250 salarios mínimos.
Las personas físicas y jurídicas que participen en delitos relacionados con compras públicas enfrentarán penas similares, con multas de 100 a 500 salarios mínimos. Oferentes que incumplan la normativa vigente serán sancionados con tres a cinco años de prisión, según lo señala el documento.
Atención a víctimas y testigos
En conjunto con este proyecto, Abinader presentó una propuesta legislativa sobre Atención y Representación Legal y Protección a las Víctimas, Testigos y Sujetos en Riesgo, orientada a crear una dirección especializada para proteger a quienes se encuentren en estas condiciones.
Envío a comisión.
Ambos proyectos fueron remitidos a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado para su análisis. Una vez estudiados, se emitirá un informe que, de ser favorable, permitirá su aprobación en dos lecturas consecutivas y su posterior envío a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo.