RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Representantes de 21 países de América Latina, el Caribe, y otras regiones del mundo firmaron este jueves la Declaración de Santo Domingo. Un compromiso regional que busca fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas en los sistemas judiciales, como parte de un esfuerzo colectivo hacia una justicia más abierta y accesible.
La firma del documento tuvo lugar durante la Primera Conferencia Internacional de Justicia Abierta, celebrada del 27 al 28 de agosto en la capital dominicana.
El evento reunió a líderes judiciales, representantes de la sociedad civil, organismos internacionales y académicos, consolidando un espacio de diálogo sobre las reformas necesarias en el ámbito de la justicia.
La Declaración plantea compromisos concretos que incluyen:
- Desarrollar políticas de justicia abierta con metas claras, indicadores y presupuestos definidos.
- Fomentar marcos normativos y reformas legislativas que garanticen transparencia y participación ciudadana.
- Asignar recursos humanos, técnicos y financieros para implementar proyectos innovadores con apoyo tanto interno como de cooperación internacional.
- Fortalecer el vínculo entre las instituciones judiciales y la sociedad civil, promoviendo la co-creación de iniciativas y el monitoreo ciudadano.
- Incorporar enfoques de igualdad e inclusión, integrando a grupos históricamente marginados como mujeres, comunidades indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y población LGBTIQ+.
Declaración propone crear Comité Regional
Además, se propuso la creación del Comité Regional de Justicia Abierta (CRJA), un órgano multipartito que dará seguimiento a los compromisos, con participación equilibrada de poderes judiciales, sociedad civil y organismos internacionales.
El comité contará con el respaldo de la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA).
La conferencia reafirmó que avanzar hacia una justicia abierta no solo implica reformas institucionales, sino también cambios en la cultura judicial y una mayor colaboración intersectorial.
“Una justicia abierta, independiente, íntegra, eficaz e inclusiva, centrada en las personas, es condición esencial para el fortalecimiento de las democracias y el desarrollo sostenible de la región”, establece la Declaración.
El encuentro fue también una plataforma para compartir experiencias de países como Colombia, México, Argentina y República Dominicana, que ya han iniciado reformas orientadas a una mayor transparencia judicial.
La conferencia contó con delegaciones de: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, República Dominicana y Venezuela.
