RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO. – La Liga Municipal Dominicana (LMD) y el Ministerio de Administración Pública (MAP) se encuentran en la fase final de definición de una propuesta de escala salarial para las autoridades municipales.
La propuesta será remitida para el conocimiento, y eventual aprobación, por parte de los gobiernos locales, para que pudiera comenzar a aplicarse, en función de lo previsto en el artículo 140 de la Constitución, a partir de la gestión municipal 2028-2032.
Con esta propuesta, se da cumplimiento a la Ley No. 105-13 sobre regulación salarial del Estado bajo los principios de racionalidad y eficacia de la administración pública, estableciendo montos máximos de retribuciones en todos los cargos electivos de los gobiernos locales, según el tamaño del municipio o distrito municipal y en relación a la capacidad presupuestaria del gobierno local.
Ambas instituciones enfatizaron que el artículo 140 de la Constitución Dominicana establece que ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbente o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados.
Mientras tanto, el presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Kelvin Cruz, recordó a los concejos de regidores que la Constitución establece claramente que “ninguna institución pública o autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados”
Cruz expuso su preocupación sobre los casos de aumentos salariales que han hecho los ayuntamientos de Pedro Brand, Boca Chica y Tamayo, advirtiendo a las autoridades municipales sobre la improcedencia de aplicar crecidas salariales en beneficio propio.
«Hemos visto con preocupación la información que nos han llegado de ayuntamientos como Pedro Brand, Boca Chica, Tamayo, Fantino, entre otros, han iniciado un festival de aumentos de salarios de manera apresurada», dijo el también alcalde de La Vega y presidente de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas (Flacma).
Cruz continuó explicando que «en el caso hipotético de que lo que se trate es de aplicar una resolución aprobada por el Concejo de Regidores de la gestión anterior (y no de la actual), tal como lo establece la Constitución, aun así, la alcaldía debe velar y/o cumplir con los siguientes criterios:
Opinión favorable del Contralor Municipal, tener identificada la fuente de la cual provendrán dichos fondos, determinar si ese aumento no sobrepasa el tope de gasto para el pago del personal.
Así como también, verificar si dicho aumento fue iniciativa del alcalde, ya que solo él tiene iniciativa presupuestaria y verificar si este está contemplado en el presupuesto de este año, ya que los gobiernos locales se rigen por un principio de legalidad presupuestaria que tiene que ser cumplido, entre otros.
Resaltó que estas acciones aisladas entorpecen y debilitan la confianza que se ha venido ganando desde la municipalidad. La información de Kelvin Cruz aparece publicada por el Listín Diario.
Adelantó que desde el liderazgo municipal están trabajando para que en el anteproyecto de Ley Orgánica de la Administración Local se establezcan los criterios que reglamenten los salarios de los servidores públicos municipales.
La misma establecerá equidad justicia y para los colaboradores, priorizando los más vulnerables: recolectores de desechos sólidos, bomberos, policía municipal, entre otros, resaltando que gran parte de esta personal cobra menos de tres mil pesos al mes en la mayoría de los gobiernos locales.
Cruz aprovechó para hacer un llamado a la Liga Municipal Dominicana, Ministerio de Administración Pública, al gabinete de descentralización y las entidades municipalistas para conformar lo antes posible una comisión o mesa de trabajo para elaborar una propuesta que busque solución al aumento mínimo de un 6% de la transferencia a los gobiernos locales.
Asimismo, el apoyo a la eficientizarían del cobro y la recogida de desechos sólidos, elaboración e implementación de los planes de ordenamiento territorial, entre otras reivindicaciones urgentes y que estas sean incluidas en el programa de reforma impulsado por el Gobierno.
