RDÉ DIGITAL SANTO DOMINGO.– Un reciente informe del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) revela que el sector logístico en República Dominicana está conformado por 5,190 empresas, generando más de 160,000 empleos entre directos, indirectos e inducidos. El tejido empresarial se compone mayoritariamente de micro y pequeñas empresas (89%), es decir, 4,626 negocios. Solo 197 empresas (8%) son medianas, mientras que apenas 97 (4%) se clasifican como grandes.
Alta concentración geográfica en zonas clave.
Según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) al cierre de 2023, el 71% de las empresas logísticas se localizan en el Distrito Nacional (1,114 empresas, 43%) y en la provincia Santo Domingo (736, 28%). Otras provincias con presencia relevante en el sector son:
- Santiago: 249 empresas (10%)
- San Cristóbal: 133 empresas (5%)
- La Altagracia: 62 empresas (2%)
- Puerto Plata: 56 empresas (2%)
Estas seis provincias concentran el 91% del total de empresas logísticas del país, reflejando una distribución alineada con los principales polos económicos: Santo Domingo como centro administrativo; Santiago y San Cristóbal por su agroindustria y zonas francas; y La Altagracia y Puerto Plata por su peso turístico.
Distribución sectorial revela dinámicas regionales.
La distribución geográfica varía significativamente según el subsector logístico. En el área de almacenaje, el 80% de las empresas están ubicadas en el Gran Santo Domingo, lo que confirma el rol dominante de la capital.
Sin embargo, en subsectores como servicios auxiliares, el 44% de las empresas operan fuera de la capital, y en transporte de mercancías, ese porcentaje asciende al 34%. En ambas actividades, Santiago destaca como el epicentro logístico más relevante fuera del Distrito Nacional, consolidando su liderazgo como nodo regional.
El informe concluye que, aunque el sector logístico está altamente centralizado, existe un creciente dinamismo regional, especialmente en actividades complementarias al transporte y almacenamiento. Esto abre oportunidades para políticas públicas que fomenten una mayor descentralización y equidad territorial en el desarrollo logístico.
