RDÉ DIGITAL, VENEZUELA.- La líder opositora venezolana, María Corina Machado, declaró este jueves que asume la responsabilidad por la publicación de actas electorales que, según ella, demuestran la “estruendosa derrota” del presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
A través de la red social X, Machado aseguró que las actas son “legales, legítimas y expresan la soberanía popular del pueblo venezolano”.
Este pronunciamiento de Machado se produjo luego de que el fiscal general, Tarek William Saab, reiterara la existencia de una orden de aprehensión contra el excandidato Edmundo González Urrutia, acusado de difundir los documentos electorales.
González Urrutia, a través de su abogado José Vicente Haro, negó ser responsable de la digitalización y publicación de las actas de escrutinio, señalando que la entrega de estas actas a los testigos de mesa es una garantía prevista en el sistema electoral venezolano.
Machado defendió el proceso de recolección y digitalización de las actas, calificándolo como un “derecho constitucional” y una “hazaña ciudadana épica”.
Afirmó que más de un millón de voluntarios participaron en la recopilación de estas pruebas, las cuales, según ella, han permitido al mundo conocer la derrota de Maduro en un plazo de 24 horas.
Además, reiteró que González Urrutia es el “presidente electo de Venezuela” y que tanto las autoridades electorales como las Fuerzas Armadas y la población son conscientes de ello.
La opositora también criticó duramente a la Fiscalía venezolana, calificándola como un “brazo de la persecución y el terrorismo de Estado”. Señaló que la actuación de la Fiscalía y de su portavoz es “ilegítima” y que la historia los juzgará por ello.
Por su parte, la Fiscalía, que ha citado a González Urrutia en tres ocasiones, mantiene vigente la orden de aprehensión y busca entrevistarlo.
El excandidato ha solicitado que se respeten sus derechos a la presunción de inocencia y a un debido proceso, ya que enfrenta cargos de “usurpación de funciones”, “forjamiento de documento público”, “instigación a la desobediencia de leyes”, “conspiración”, “sabotaje a daños de sistemas” y “asociación para delinquir”.
