RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Administración Pública (MAP) anunció la aprobación de la Resolución No. 316-2024, que otorga a las instituciones del Estado, incluidas las descentralizadas, la responsabilidad de calcular y gestionar los beneficios y prestaciones laborales de los servidores públicos.
Esta decisión, firmada por el ministro Sigmund Freund, permitirá que a partir del 19 de octubre cada entidad asuma la gestión de estos procesos de manera independiente.
Según el comunicado emitido por el MAP, las oficinas de recursos humanos de los entes y órganos estatales tendrán la tarea de calcular los beneficios laborales y proceder con los pagos correspondientes a los empleados desvinculados del servicio por cualquier motivo, como renuncia, pensión o fallecimiento.
La resolución destaca que la responsabilidad de asegurar que los cálculos se realicen conforme a la normativa vigente recaerá en los titulares de las áreas administrativas, financieras y de recursos humanos de cada institución.
Responsabilidad financiera y control de gasto
Uno de los aspectos clave de la resolución es que cada institución deberá prever en sus presupuestos las indemnizaciones y otros beneficios, como el pago de vacaciones no disfrutadas en caso de desvinculación.
Las entidades también serán responsables de gestionar estos fondos junto con la Contraloría General de la República, órgano encargado del control interno del gasto público.
El documento también detalla que los titulares de las áreas administrativas y financieras deberán subir los cálculos realizados al Sistema de Reclamación Laboral (Reclasoft), una plataforma desarrollada por el MAP para agilizar estos procesos.
Los cálculos deberán estar firmados y sellados por las autoridades correspondientes, lo que incluye a los responsables de las áreas de recursos humanos, finanzas y las máximas autoridades de cada ente u órgano del Estado.
Documentación requerida y precisión en los cálculos
Para garantizar la transparencia y precisión en los cálculos, la resolución establece que los documentos necesarios para la emisión de las prestaciones laborales son la cédula de identidad y electoral del servidor público, la certificación de cargo que acredite las vacaciones no disfrutadas y la carta de desvinculación.
En casos especiales, como fallecimiento, se deberá adjuntar el acta de defunción.
Este proceso descentralizado, según el MAP, permitirá que cada ente del Estado administre de manera más directa la gestión de beneficios laborales, lo que conlleva una reducción en los tiempos de espera y una mejora en la capacidad de respuesta ante la desvinculación de funcionarios o servidores públicos.
Resolución de disputas y conciliación
La resolución también aborda los procedimientos en caso de disconformidad con los cálculos de las prestaciones laborales. Si un empleado o institución no está de acuerdo con los montos calculados, tienen un plazo de 15 días para presentar una reclamación formal.
Esta reclamación debe ser presentada por escrito, con una descripción detallada de las razones de la disconformidad y cualquier documentación que respalde el reclamo.
Si el conflicto no se resuelve internamente dentro de la institución, el caso podrá ser elevado al MAP, que actuará como mediador a través de la Comisión de Personal. Las partes interesadas deberán presentar la solicitud de conciliación al MAP, incluyendo la documentación relevante, para que el órgano regulador del empleo público determine si el caso debe ser conocido por la Comisión de Personal o si se puede resolver de manera directa con las autoridades de la institución involucrada.
Impacto de la descentralización
Con la implementación de esta resolución, el MAP busca simplificar los procedimientos administrativos relacionados con las prestaciones laborales, mejorar la eficiencia en los pagos a exservidores públicos y garantizar que el proceso se realice de forma transparente.
La descentralización del cálculo y la gestión de los beneficios laborales también busca fortalecer la autonomía de las instituciones estatales, al tiempo que asegura que el control y la supervisión se mantengan a través del MAP y la Contraloría General de la República.
El MAP seguirá recibiendo todos los cálculos laborales realizados por las instituciones de manera digital, con el fin de mantener un registro y control centralizado, lo que garantiza que el proceso sea monitoreado adecuadamente.
Además, se aclaró que las instituciones que están en proceso de fusión o eliminación deberán validar con el MAP los cálculos antes de proceder con la emisión de los pagos correspondientes.
La resolución es vista como un paso importante hacia una mayor eficiencia en la gestión pública, al tiempo que establece mecanismos claros para la resolución de conflictos en el cálculo de los beneficios laborales, protegiendo tanto a los exservidores públicos como a las instituciones del Estado.
