RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) ha emitido la resolución núm. 184-2024, que establece un límite en la cantidad de asesores que las instituciones del Poder Ejecutivo pueden nombrar dentro de su estructura organizativa.
Según esta normativa, la cantidad máxima de asesores permitida será equivalente al número de viceministros, subdirecciones generales o nacionales, intendencias, subadministraciones o equivalentes que tenga cada institución.
Esta medida, firmada por el ministro Darío Castillo Lugo, es vinculante y obligatoria para todas las entidades y órganos administrativos bajo la dependencia del Poder Ejecutivo, es decir, la Administración Pública Central. Sin embargo, excluye a los asesores designados por la Presidencia de la República, a través de los Ministerios de la Presidencia (Minpre) y Administrativo de la Presidencia (Mapre), así como por la Vicepresidencia de la República.
El MAP podrá aprobar excepcionalmente un mayor número de asesores en casos particulares y justificados, para garantizar el cumplimiento de las competencias, atribuciones, planes y programas institucionales.
Asimismo, se establece que antes del 30 de junio de 2024, las entidades y órganos deberán presentar al MAP propuestas de modificación a la estructura de cargos, incluyendo el número de asesores, el funcionario de alto nivel al que se reportarán y la escala salarial correspondiente, para su aprobación.
Aquellas instituciones que mantengan en nómina a personas que actualmente se desempeñan como asesores, por encima de la cantidad máxima establecida, deberán reubicarlas en cargos vacantes o necesarios, conforme a la Ley núm. 41-08 de Función Pública.
Las disposiciones incluidas en esta resolución serán validadas por la Dirección General de Presupuesto (Digepres) y la Contraloría General de la República para el proyecto de Presupuesto General del Estado de 2025 y los pagos de asesores a partir del 1 de enero de 2025, respectivamente.
Estas medidas se alinean con diversas leyes y normativas vigentes, incluyendo la Estrategia Nacional de Desarrollo y la Ley Orgánica de la Administración Pública, y forman parte del proceso de Reforma y Modernización de la Administración Pública (Reformap), impulsado por el decreto 149-21.
