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Más de 200,000 descendientes de españoles han pedido la nacionalidad por la Ley de Memoria

RDÉ DIGITAL, MADRID (EFE). – Más de 226.000 descendientes de exiliados y emigrantes españoles han pedido la nacionalidad española bajo la Ley de Memoria Democrática, que comenzó en 2022.

Y de todas las solicitudes, se han aprobado 110.540 casos y se han inscrito hasta ahora 69.421, según informó este martes el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una conferencia de prensa.

De acuerdo con el informe “Balance de la Actividad Consular 2023”, esta forma de obtener la nacionalidad española “responde a una demanda constante de la comunidad española en el exterior”.

Desde el 21 de octubre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023, la red consular española recibió un total de 226.354 solicitudes.

La ley tiene como objetivo principal el reconocimiento, la reparación y la dignificación pública de las víctimas del golpe militar de 1936 contra el Gobierno de la II República, de la Guerra Civil (1936-1939) y de la posterior dictadura del general Francisco Franco, fallecido en 1975.

Establecía un plazo de dos años a partir de su entrada en vigor para las solicitudes de nacionalidad, prorrogable por un año más por el Gobierno español.

Según esta ley, pueden solicitarla los “nacidos fuera del país de padres o madres, abuelas o abuelos exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencias”.

También son elegibles los hijos nacidos en el extranjero de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la Constitución española de 1978, que marcó el final de la transición democrática después de la dictadura.

Además, los hijos adultos de aquellos españoles a quienes se les reconoció su nacionalidad original en virtud del derecho de opción según lo establecido en esta ley o en la anterior, aprobada en 2007, que daba hasta 2011 para solicitar la nacionalidad española.

En esa ocasión, se otorgó a 213.787 personas y se presentaron 378.862 solicitudes, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Los países de Iberoamérica representaron el 95 por ciento de las solicitudes, especialmente Cuba, Argentina, México y Venezuela.

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