RDÉ DIGITAL, ESTADOS UNIDOS (EFE).- Más de 530,000 inmigrantes provenientes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití enfrentan una difícil situación desde el pasado martes, tras la revocación de su permiso humanitario conocido como ‘parole’, anunciado por la Administración del presidente Donald Trump.
Este beneficio, que permitía a los beneficiarios residir y trabajar temporalmente en EE.UU., será cancelado a partir del próximo 24 de abril, dejando a estos inmigrantes expuestos a la deportación.
La Casa Blanca oficializó la derogación del programa CHNV, que había permitido que más de medio millón de personas vivieran y trabajaran legalmente en Estados Unidos bajo un patrocinio de apoyo.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, justificó la decisión alegando que el programa no aportaba un beneficio significativo para el público, no cumplía sus objetivos previstos, y era incompatible con las políticas migratorias y exteriores de la administración Trump.
El DHS también indicó que el programa había exacerbado los retrasos en el sistema migratorio de EE.UU., con más de 75,000 solicitudes de asilo pendientes de resolución como consecuencia directa de este beneficio, que se suma a los 3.6 millones de expedientes en espera en las cortes de inmigración del país.
Las consecuencias inmediatas de la revocación del ‘parole’ son graves para aquellos beneficiarios que no tengan otro estatus legal para permanecer en el país. Sin un asilo aprobado o una visa U, los afectados deberán abandonar EE.UU. antes del 24 de abril. Quienes no lo hagan, estarán en riesgo de ser detenidos y deportados por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Además de las implicaciones migratorias, la revocación del programa también tendrá un impacto económico significativo. Según FWD.us, una organización que defiende los derechos de los inmigrantes, la cancelación de estos permisos de trabajo podría resultar en la pérdida de hasta 240,000 empleos, especialmente en sectores clave como la manufactura, la hostelería, la construcción y la atención sanitaria.
Todd Schulte, presidente de FWD.us, criticó la decisión, calificándola como un “enfoque erróneo” que podría desestabilizar vidas y perjudicar tanto a las comunidades inmigrantes como a la economía de EE.UU. Schulte destacó que el programa CHNV había sido respaldado por ambos partidos políticos en administraciones anteriores y había demostrado ser exitoso al permitir que inmigrantes patrocinados por ciudadanos estadounidenses contribuyeran al país.
