RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2026, depositado ante el Congreso Nacional, prevé que el mayor componente del gasto público estará destinado a remuneraciones de empleados públicos, con un monto estimado de RD$ 376,964 millones, equivalente al 23.2 % del total.
De acuerdo con el documento, el segundo rubro más importante corresponde a otras transferencias y subsidios, con 21.8 %, seguido del pago de intereses de la deuda pública, que absorbería 20.0 % del gasto proyectado. En conjunto, estos tres conceptos representarían más de seis de cada diez pesos ejecutados por el Gobierno, reflejando una estructura presupuestaria fuertemente comprometida con gastos corrientes y limitada capacidad de maniobra para nuevas inversiones.
El informe indica que los gastos de capital, destinados a la creación de infraestructura, obras públicas o adquisición de activos, alcanzarían solo el 13.3 % del presupuesto. Este porcentaje, inferior al promedio recomendado para economías en desarrollo, evidencia que la mayor parte de los recursos estatales continúa dirigida al sostenimiento operativo del Estado más que a proyectos de impacto productivo.
El sector eléctrico volvería a ocupar un espacio importante dentro del gasto público, con un 5.2 % del total, asignado principalmente a cubrir pérdidas y subsidios que, según el documento, no han resuelto las ineficiencias estructurales del sistema energético nacional. Estas transferencias representan un compromiso fiscal recurrente que limita la disponibilidad de fondos para otras áreas prioritarias.
El proyecto de presupuesto advierte que la actual composición del gasto refleja la necesidad de una gestión más prudente y sostenible de las finanzas públicas. Para lograrlo, propone contener el gasto corriente, revisar los subsidios y transferencias, y priorizar la eficiencia en el uso de los recursos estatales.
Según el documento, una reorientación del gasto hacia la inversión, la productividad y el ahorro privado permitiría crear las condiciones necesarias para un crecimiento económico sostenido, menos dependiente del aumento del gasto público y más vinculado al desarrollo estructural del país.
