RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales reafirma su política de tolerancia cero frente a la extracción ilegal de agregados en ríos del país. Las sanciones incluyen multas, confiscación de materiales y procesos judiciales contra los responsables, en un esfuerzo por mitigar los daños ambientales y la degradación de los recursos hídricos.
El río Nizao, de 18 kilómetros de largo, ha sido foco de medidas específicas para frenar la extracción ilícita de arena y grava, materiales esenciales para la construcción. Un reciente reportaje de N Investiga reveló que este y otros ríos como el Yuna, Nagua, Nigua y Jaina, han sufrido una presión ambiental histórica, que ha reducido la disponibilidad de agua y aumentado la vulnerabilidad del país a la sequía.
Se documentó cómo operan estas redes ilegales. En el sector Semana Santa, próximo al río Nizao, las actividades son realizadas en horarios nocturnos o de madrugada. Grupos de al menos ocho personas utilizan retroexcavadoras y camiones para sustraer grandes volúmenes de arena, completando las operaciones en menos de 30 minutos.
Uno de los entrevistados explicó que los operadores justifican estas actividades bajo el pretexto de “limpieza” de cauces, aunque no cuentan con permisos oficiales. Según audios obtenidos por N Investiga, algunos excavadores cobran sumas significativas por equipo y turno nocturno, mientras que las empresas formales están sujetas a regulaciones e impuestos que estas redes eluden.
Francis Lluberes, coordinador general del Ministerio de Medio Ambiente, aseguró que la institución está al tanto de las actividades ilegales y que han tomado acciones contundentes para enfrentarlas. Sin embargo, la falta de coordinación entre instituciones facilita el encubrimiento de estas prácticas.
“Estamos trabajando para garantizar que estas actividades sean erradicadas y que el manejo de los recursos naturales se haga de manera sostenible y en apego a las leyes”, señaló Lluberes.
Las redes ilegales operan al margen de regulaciones, evadiendo impuestos y aportes requeridos a los ayuntamientos, lo que intensifica la desigualdad en las comunidades afectadas.
