RDÉ DIGITAL MÉXICO.- En un movimiento sin precedentes, México ha presentado una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) solicitando la suspensión de Ecuador como miembro de las Naciones Unidas. Esta acción se deriva del asalto ocurrido en la embajada mexicana en Quito, donde fuerzas policiales ingresaron para capturar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien había recibido asilo político de México.
La Cancillería mexicana, liderada por Alicia Bárcena, explicó que la demanda tiene como objetivo principal que la CIJ declare a Ecuador como responsable del daño causado a México y sus ciudadanos debido a las violaciones de sus obligaciones internacionales. Además, se busca que Ecuador emita una disculpa pública y garantice la reparación del daño moral infligido.
El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la iniciativa y enfatizó la importancia de que se respeten los principios y normas fundamentales del derecho internacional. El mandatario expresó su confianza en que la CIJ actúe con celeridad para garantizar la justicia y la inmunidad diplomática en casos como este.
La solicitud de México incluye también medidas provisionales para proteger a sus funcionarios diplomáticos y a la Embajada de México en Ecuador, que enfrenta riesgos de ser violada nuevamente. La petición incluye el desalojo de los locales diplomáticos y la residencia privada de los agentes diplomáticos mexicanos en Quito.
Esta acción legal se presenta en un contexto en el que Ecuador ha sido condenado por la Organización de Estados Americanos (OEA) debido al allanamiento de la embajada mexicana en Quito. La violación de la Convención de Caracas sobre asilo político también será tratada por separado, según detalló Bárcena.
El exvicepresidente Jorge Glas, quien se encuentra en prisión por casos de corrupción, había obtenido asilo político en la embajada mexicana antes del asalto. Su situación legal ha generado tensiones diplomáticas entre Ecuador y México, siendo este último país firme en su exigencia de respeto a las normas internacionales y la protección de sus representantes diplomáticos.
