RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader presentó el 6 de abril un paquete de 15 medidas orientadas a frenar la migración ilegal, especialmente desde Haití. Entre las acciones destacadas se encuentran el despliegue de 1,500 nuevos militares en la frontera, elevando el contingente total a 11,000 efectivos, y la extensión del muro fronterizo en 13 kilómetros adicionales a los 54 ya construidos.
Este enfoque proyecta autoridad y voluntad de proteger la soberanía nacional, un tema especialmente sensible para la sociedad dominicana. Sin embargo, convertir la frontera en un espacio estrictamente militarizado no aborda las raíces del fenómeno migratorio. Haití enfrenta una crisis humanitaria y política profunda; cerrar el paso sin ofrecer alternativas legales o humanitarias solo prolonga el problema y genera tensiones bilaterales.
Reforma migratoria: endurecimiento y sanciones
Entre las medidas también figura una reforma migratoria que contempla sanciones severas contra ciudadanos y funcionarios que faciliten la inmigración ilegal. El presidente anunció la incorporación de 750 nuevos agentes a la Dirección General de Migración y la creación de una Procuraduría Especializada en Asuntos Migratorios.
Este enfoque pone el foco en la corresponsabilidad interna. Durante años, sectores económicos clave —como la construcción, la agricultura y el turismo— han dependido de mano de obra extranjera irregular. Si no se controla la complicidad dentro de las propias instituciones y empresas dominicanas, cualquier política migratoria seguirá siendo parcialmente ineficaz.
La creación de un sistema de consecuencias podría marcar un giro importante si se aplica con transparencia y sin motivaciones políticas. Sin embargo, falta ver si estas sanciones se implementarán con la misma firmeza en todos los niveles de la sociedad.
Impacto económico y riesgos sociales
El gobierno propone un proceso de “dominicanización” del empleo, con aumentos salariales del 25% en zonas francas y del 30% en el sector turístico, para incentivar la contratación de trabajadores locales. Esta medida busca reducir la dependencia de trabajadores extranjeros sin papeles.
Aunque positiva en teoría, la medida enfrenta un problema práctico: la escasez de mano de obra dispuesta a cubrir empleos en condiciones difíciles y con salarios históricamente bajos. Además, el país no está aún preparado tecnológicamente para reemplazar masivamente el trabajo humano por maquinaria, especialmente en la agricultura.
Si no se articula una estrategia más amplia —que incluya formación técnica, modernización productiva y regulación laboral— este intento de sustitución podría provocar un aumento de los costos y una ralentización en sectores clave de la economía.
Cifras que reflejan la magnitud del fenómeno migratorio.
La migración haitiana constituye una parte significativa de la población dominicana. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de la República Dominicana, en 2012 residían en el país 668,145 inmigrantes haitianos de primera o segunda generación, representando aproximadamente el 7% de la población total. De estos, el 87.3 % procedía de Haití, con una distribución de 35.6 % mujeres y 64.4 % hombres.
Además, se estima que la diáspora haitiana representa el 12% de la población dominicana y el 25% de la fuerza laboral total, destacándose en sectores como la agricultura y la construcción, donde constituyen el 60% y el 80% de la fuerza laboral, respectivamente.
Durante el período de enero a julio de 2022, la Dirección General de Migración repatrió a 57,764 haitianos por encontrarse en el país de manera ilegal.
Un paso firme que exige equilibrio.
El discurso del presidente Abinader muestra determinación frente a un problema estructural. No obstante, la contundencia debe ir acompañada de mesura, respeto a los derechos humanos y políticas públicas que no fomenten la xenofobia ni castiguen a quienes, desde la pobreza, buscan sobrevivir.
La defensa de la soberanía no debe significar el cierre a la humanidad. El control migratorio es legítimo, pero su éxito depende de la capacidad de equilibrar seguridad, justicia social y responsabilidad histórica.
En tiempos de crisis regional, la República Dominicana tiene la oportunidad de ejercer un liderazgo que combine firmeza con compasión. Ese es el verdadero desafío.
