RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público tiene hasta las 11:00 p.m. de este lunes para presentar la acusación formal contra nueve miembros de la Policía Nacional y una civil, todos vinculados a la denominada Operación Pandora.
Esta investigación apunta a una red criminal dentro de la institución, presuntamente encabezada por el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, responsable de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, y acusa a los implicados de la sustracción de más de 900,000 proyectiles y otras irregularidades en la custodia de material bélico.
Entre los implicados, que representan distintos rangos y funciones en la Policía Nacional, se destacan:
– Coronel Narciso Antonio Féliz Romero: jefe de la Intendencia de Armas, señalado como cabecilla de la red.
– Capitán Nelson Valdez: encargado del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos.
– Capitán Víctor Manuel Santos: auditor que, presuntamente, falsificó datos en auditorías para encubrir la desaparición de municiones en febrero.
– Segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio: armero de la Dirección Regional Cibao Central.
– Otros miembros de la red: sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias “Escobar”) y Moreibin Medina Pérez, y Miguelina Bello Segura, la única civil implicada.
Según la Fiscalía, la red habría operado manipulando las auditorías de la Intendencia de Armas para encubrir el desvío de cientos de miles de proyectiles y otros recursos.
El capitán Santos, con más de seis años de experiencia como auditor en el área, habría alterado los datos en complicidad con los cabecillas de la red para intentar manipular nuevamente los registros ante el avance de la investigación.
La investigación se originó en octubre de 2024, tras una solicitud del Ministerio de Interior y Policía junto con la dirección general de la Policía Nacional. En la ejecución de la operación participaron más de 200 agentes de unidades especiales, la Policía Preventiva, la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) y 40 fiscales.
Durante los operativos, se realizaron allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales, incautándose armas, municiones, dispositivos electrónicos y registros de transacciones que constituyen evidencia clave en el caso.
Pruebas y colaboración interinstitucional
La Fiscalía asegura contar con un “robusto conjunto de pruebas”, que incluye evidencia digital, registros económicos y testimonios, para presentar al juez de instrucción. Estas pruebas han sido obtenidas a través de auditorías internas que reflejan violaciones disciplinarias y penales en la gestión de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional.
“Este caso demuestra cómo la colaboración interinstitucional puede rendir resultados efectivos en la lucha contra el crimen organizado”, afirmó el Ministerio Público.
El Ministerio Público valoró el compromiso de la Policía Nacional en la denuncia de estos hechos, destacando que la Operación Pandora representa un hito en la lucha contra la corrupción dentro de las fuerzas del orden en República Dominicana.
“Estamos convencidos de que este caso marcará un antes y un después en la lucha contra la corrupción dentro de las fuerzas del orden”, indicó el organismo en un comunicado de prensa.