RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO. – El Senado aprobó en segunda lectura una modificación a la Ley 60-23. La reforma permitirá que el Ministerio Público reciba el 40% de los recursos obtenidos de bienes secuestrados, incautados, decomisados y en procesos de extinción de dominio.
Además, la iniciativa modifica el artículo 82 de la normativa. Por lo tanto, establece un nuevo esquema para distribuir los fondos generados por esos activos.
Los recursos asignados al Ministerio Público serán utilizados para fortalecer contra la violencia de género e intrafamiliar. Asimismo, apoyarán labores de prevención, protección y atención integral a las víctimas.
La propuesta agrega un literal D) y dos párrafos al numeral 2 del artículo 82. De esta manera, se define el destino del porcentaje correspondiente a esa institución.
Distribución de fondos
El proyecto establece que el 60% restante será repartido entre varias instituciones del Estado. Entre ellas están el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Interior y Policía y el Ministerio de Educación.
Además, los fondos deberán utilizarse según las funciones legales de cada organismo. En consecuencia, se fortalecerán los programas y políticas públicas contra la violencia.
El Ministerio Público coordinará acciones con estas entidades. Asimismo, trabajará para mejorar la prevención, protección y asistencia a las víctimas.
Por otro lado, la normativa da prioridad al apoyo de las casas de acogida. También incluye los centros de atención conductual para hombres vinculados con casos de violencia de género o tentativa de feminicidio.
Cambios en la Ley 60-23
La iniciativa fue presentada por los senadores Pedro Catrain, Lía Ynocencia Díaz Santana, Aracelis Villanueva Figueroa, María Mercedes Ortiz y Ginnette Bournigal de Jiménez.
Además, la reforma modifica la Ley 60-23, que creó el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Descomisados y en Extinción de Dominio.
Esta legislación regula el manejo de los bienes bajo custodia estatal. Asimismo, establece la estructura del instituto y su consejo directivo.
Por consiguiente, los recursos provenientes de estos bienes tendrán un nuevo destino. La medida busca apoyar programas de prevención y atención de la violencia de género e intrafamiliar.
