RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Teodoro Tejada, ex presidente del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), denunció que el Ministro de Educación, Dr. Ángel Hernández, excedió sus funciones al asignar recursos a la Oficina de Cooperación Internacional (OCI) para la construcción de planteles, estancias infantiles y el mantenimiento de infraestructura escolar.
Tejada explicó que, según el Decreto núm. 661-22 del 7 de noviembre de 2022, la Dirección de Infraestructura Escolar fue creada para establecer políticas y normas en diseño arquitectónico, remodelación y mantenimiento de edificios escolares.
Esta dirección es parte del Ministerio de Educación y fue desconcentrada mediante el Decreto núm. 313-24 del 7 de junio de 2024, lo cual otorga funciones específicas en estas áreas.
El ex presidente del CODIA argumentó que la OCI no tiene la facultad de manejar recursos para la construcción, reparación y mantenimiento de infraestructura escolar, a diferencia de lo que ha dispuesto el Ministro Hernández.
Según Tejada, la OCI se creó para asesorar y gestionar recursos financieros y técnicos, apoyando proyectos estratégicos a través de programas de cooperación internacional.
Tejada criticó la decisión del Ministro Hernández de destinar millones de pesos para la construcción de una estancia infantil y oficinas administrativas en el Distrito Educativo 02-01 de la sección El Pino, en el municipio de Comendador, provincia de Elías Piña.
Además, cuestionó a la Viceministra de Descentralización y Participación del Ministerio de Educación, quien justificó la asignación de fondos para el mantenimiento de infraestructuras escolares.
El ex presidente del CODIA subrayó que ni el Ministro Hernández ni el viceministerio tienen facultades para asignar funciones a un organismo ad hoc en el sistema educativo, ya que, según el artículo 141 de la Constitución de la República, estas prerrogativas corresponden al Congreso Nacional.
Tejada recordó que la Constitución establece que “la ley creará organismos autónomos y descentralizados en el Estado, provistos de personalidad jurídica, con autonomía administrativa, financiera y técnica”.
Estos organismos están sujetos a la vigilancia del ministerio correspondiente y las políticas de desconcentración son reguladas por la ley y el Poder Ejecutivo.
