RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Carolina Ramírez, especialista en seguridad e inteligencia, ha declarado que el siguiente paso para la modificación de la Ley 1-24, que establece la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), es que el Poder Ejecutivo presente el informe correspondiente ante el Congreso para su consideración legislativa. Ramírez formó parte de la comisión encargada de elaborar este informe.
En su intervención en el programa “Reseñas” de Entelevisión, Ramírez destacó que el informe técnico se centra principalmente en dos cuestiones: la protección de la intimidad de las personas, que debe ser salvaguardada mediante una orden judicial para procedimientos especiales, y la garantía del derecho del periodista a no revelar su fuente, conforme a la legislación del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).
Estas preocupaciones, según Ramírez, afectan derechos fundamentales y el derecho a la intimidad constitucionalmente protegido.
La especialista recordó que estas inquietudes se plantearon al presidente de la República, quien, tras escuchar las preocupaciones, decidió formar una comisión con representantes de la Sociedad de Diarios y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
La Ley 1-24, promulgada en febrero de este año, había sido establecida para cumplir con el mandato de la Constitución de 2010 sobre el Sistema Nacional de Inteligencia, que previamente estaba regulado por un decreto.
Ramírez también se refirió a la reciente designación de una mujer al frente del Ministerio de Interior y Policía, expresando su satisfacción al considerar que este ministerio, uno de los más importantes, finalmente contará con una ley que lo rija.
Destacó la relevancia del Ministerio de Interior y Policía en la seguridad nacional y la importancia de sus componentes, como la Dirección de Migración y la Policía Nacional.
En cuanto al Plan de Seguridad Democrática de 2004, Ramírez elogió sus programas, incluyendo el 911 y Barrio Seguro, que contribuyeron a una disminución en la tasa de homicidios y abordaron diversas necesidades sociales.
Lamentó la descontinuación de estos programas y subrayó que políticas públicas de prevención y oportunidades son fundamentales para combatir la violencia.
