RDÉ DIGITAL SANTO DOMINGO– La presa de Monte Grande, inaugurada el pasado 25 de enero con una inversión de casi US$700 millones, en lugar de ser una solución, representa una amenaza para los 4,700 residentes de Hato Nuevo Cortés, en Azua. Aunque la obra busca impulsar el desarrollo agrícola y controlar las inundaciones del río Yaque del Sur, los productores locales enfrentan graves pérdidas debido a las inundaciones que ya han afectado sus cultivos en Boca de Mula, Manzanillo y Buey.
Patricio Matos, agricultor y abogado, expresó que las autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) les habían asegurado que el agua no sería un problema, pero las inundaciones ya amenazan con destruir 3,000 tareas de tierra cultivable y siete viviendas. Además, criticó que el precio pagado por las tierras, RD$25,000 por tarea, es insuficiente comparado con su valor real.
Dilania Beltré y otros residentes solicitan la intervención del presidente, ya que consideran que las compensaciones que les ofrecen no son justas en comparación con las otorgadas a los afectados de la parte sur de la presa, quienes han recibido viviendas y terrenos fértiles.
Elvis Pallano, director de Fiscalización del Indrhi, afirmó que están evaluando los expedientes de los productores afectados y que se entregarán 30 tareas de tierra por productor. De no haber suficiente, se les entregarán 10 acondicionadas y se pagarán las 20 restantes a través de una tabla de catastro. Olmedo Caba, director ejecutivo del Indrhi, reiteró que se compensará a todos los afectados por las inundaciones.
Los productores también exigen la limpieza del embalse, preocupados por la posible contaminación del agua y el impacto en la ecología local, debido a la presencia de árboles que no han sido retirados y podrían pudrirse bajo el agua.
