RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Los datos recientes del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) son tan contundentes como alarmantes: las motocicletas estuvieron involucradas en el 81 % de los accidentes de tránsito ocurridos durante la Semana Santa 2025, y provocaron el 86 % de los fallecimientos. Cifras como estas no son simples estadísticas; son el reflejo crudo de una tragedia nacional que avanza sin freno y sin una respuesta estructural proporcional a su magnitud.
No se trata de un fenómeno nuevo. Años de desidia institucional, permisividad ciudadana y escasa voluntad política han convertido al motociclista en la víctima y, al mismo tiempo, en protagonista de una cultura vial anárquica, donde el respeto por las normas es la excepción, no la regla.
Más que un problema de tránsito
El uso de motocicletas en la República Dominicana es una necesidad económica para miles de ciudadanos que las utilizan como medio de transporte o sustento laboral. Sin embargo, esto no justifica la omisión del Estado ni la falta de controles básicos para garantizar la seguridad de todos los actores viales.
El problema no es la motocicleta. Es la ausencia de políticas públicas eficaces, de fiscalización constante, de educación vial y de una reforma legal que sancione con rigor las infracciones más peligrosas. ¿Dónde están las campañas sostenidas de concienciación? ¿Dónde están los operativos permanentes para impedir que se circule sin casco o sin licencia?
Mientras tanto, el país continúa enterrando a sus jóvenes —las principales víctimas de estos accidentes— en silencio, sin que la indignación social alcance para transformar el caos en prevención.
Un compromiso inpostergable
La llamada de alerta del mayor general Juan Manuel Méndez García no puede quedar solo en los titulares. Su mensaje —directo, realista y necesario— interpela a todos: al ciudadano imprudente, a la autoridad indiferente y al medio de comunicación pasivo.
Los comunicadores tenemos la obligación ética de no normalizar esta crisis. Nuestra cobertura debe ir más allá del accidente del día. Debe denunciar, investigar y exigir acciones concretas que frenen esta epidemia sobre dos ruedas.
El caos en las calles no cambiará con operativos esporádicos ni con comunicados simbólicos. Se requiere una política de Estado integral, transversal y sostenida en el tiempo, que articule a los ministerios de Interior, Salud, Educación, Obras Públicas y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).
No hacerlo nos condena a seguir perdiendo vidas que pudieron salvarse con un simple gesto de responsabilidad: usar el casco, respetar el semáforo, circular con orden, hacer cumplir la ley.
Lo que está en juego
Detrás de cada cifra hay una historia. Un hijo perdido. Una madre hospitalizada. Un padre que ya no puede trabajar. El costo humano es incalculable, pero también lo es el económico: el país pierde más de RD$ 15,000 millones anuales por los efectos colaterales de los accidentes viales, incluyendo atenciones médicas, licencias laborales y pensiones por discapacidad.
Convertir esta realidad en prioridad nacional no es solo una cuestión de seguridad, sino de dignidad y desarrollo. Porque una nación que no protege a sus ciudadanos en la calle, tampoco podrá avanzar con firmeza hacia el futuro.
