RDÉ DIGITAL, NICARAGUA.- El gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, ha decidido retirarse del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), en una medida que llega un día después de que el organismo presentara un informe que implicaba al Ejército nicaragüense en la represión de opositores durante las protestas de 2018.
El anuncio fue realizado por la vocera del gobierno y copresidenta Rosario Murillo, quien calificó el informe como “falso” y lleno de “calumnias”.
En su intervención, Murillo expresó que la decisión de Nicaragua de abandonar el Consejo es “soberana e irrevocable” y que el país se retira también de todas las dependencias y mecanismos vinculados a la ONU en materia de derechos humanos.
“Estos irrespetuosos mecanismos perdieron su decencia, no los reconocemos”, manifestó la vocera del gobierno en una transmisión televisiva nacional.
El informe, emitido por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua, estableció la responsabilidad del Ejército en las acciones represivas durante las protestas masivas de 2018, las cuales resultaron en más de 300 muertos y miles de heridos y exiliados. El comité fue establecido por la ONU en 2022 para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Ortega durante esas manifestaciones.
Murillo también denunció lo que calificó como una “instrumentalización” de los derechos humanos por parte del Consejo de Derechos Humanos, acusando a este organismo de politizar y aplicar un “doble rasero” en su evaluación de los derechos humanos en Nicaragua.
El gobierno de Ortega ha mantenido una postura crítica hacia organismos internacionales y ha rechazado varias resoluciones y pronunciamientos en su contra, especialmente en lo relacionado con la represión de opositores y el control de la libertad de expresión en el país.
En su intervención, la vocera del gobierno tildó al Consejo de Derechos Humanos como un organismo “colonialista” que no cumple con la misión para la que fue creado.
La salida de Nicaragua de dicho consejo marca un nuevo capítulo en las tensas relaciones entre el gobierno sandinista y las organizaciones internacionales encargadas de la protección de los derechos humanos.
