RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.-A cinco meses de su promulgación, las peticiones para la modificación de la Ley 1-21 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) persisten, ya que las voces que exigen parecen ser ignoradas, a pesar de considerarse inconstitucional.
Sigfrido Pared Pérez, exdirector del Departamento Nacional de Inteligencia y (ahora DNI), habló sobre la modificación de la ley que rige esta entidad, aprobada en enero de este año por el Senado.
Pared Pérez destacó que la nueva Ley 1-21 era vital que se modificara, ya que la anterior data del año 1978 y contaba con una sola página. No obstante, lamentó que, durante el proceso de reforma, se introdujera el artículo 11, que establece la obligatoriedad de la entrega de información a la DNI.
“Ahí se pierde la esencia del organismo de inteligencia, que es conseguir información sin tener que cohesionar a nadie. Yo no puedo presionar a un periodista para que me dé información para yo llevarla al Estado, cuando yo puedo conseguirla por cualquier vía”, destacó Pared Pérez.
El artículo 11 del reglamento obliga a todas las personas e instituciones públicas o privadas a entregar cualquier tipo de información a la DNI, una disposición que preocupa a diversos sectores.
Reacciones en contra
Organizaciones como Participación Ciudadana y figuras como el exprocurador general de la República Francisco Domínguez Brito han expresado su preocupación y oposición a esta ley. Consideran que vulnera derechos fundamentales como el derecho a la intimidad y temen que tenga consecuencias negativas en la libertad de expresión y los derechos de los ciudadanos.
A pesar de estas críticas, la ley permanece vigente y aún no se han realizado modificaciones significativas para abordar las preocupaciones planteadas por diversos sectores de la sociedad. La falta de acción al respecto ha generado incertidumbre y sigue siendo motivo de debate en el ámbito político y social de República Dominicana. (Datos extraídos del periódico Panorama)
