RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en sesión ordinaria, la reforma definitiva a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo con el objetivo de fortalecer el régimen sancionador contra estos delitos.
Con la aprobación de esta ley, los diputados introdujeron modificaciones sustanciales que elevan las condenas y actualizan la tipificación de los crímenes asociados al tráfico y la trata. En adelante, los culpables de trata de personas enfrentarán penas de 20 a 25 años de prisión, además de multas que oscilan entre 700 y 1,500 salarios mínimos del sector público.
La normativa también subraya que el delito de trata de personas no prescribe, lo que significa que las acciones legales podrán iniciarse en cualquier momento, sin límite de tiempo.
Endurecen penas para funcionarios implicados
La nueva legislación impone sanciones específicas a los funcionarios públicos que participen, directa o indirectamente, en estos delitos. Quienes resulten condenados por trata de personas quedarán inhabilitados por 10 años para ocupar cargos públicos, y en caso de reincidencia, la inhabilitación se extenderá a 20 años, contados a partir del cumplimiento de la condena principal.
Además, la ley establece agravantes cuando los delitos involucran a funcionarios pertenecientes a órganos extrapoder, poderes del Estado o gobiernos locales.
Reforma amplia y técnica
El proyecto de ley, sometido originalmente el 7 de abril, reformula los artículos 2, 3, 6 y 7 de la Ley 137-03, agrega los artículos 5-bis, 6-bis y 7-bis, y deroga los literales a), f) e i) del artículo 1. Estas modificaciones buscan ajustar la legislación a los estándares internacionales y mejorar la persecución de los delitos conexos al tráfico ilícito de migrantes.
