RDÉ DIGITAL SANTO DOMINGO.- El Congreso Nacional avanza en la aprobación de un nuevo proyecto de Ley de Contrataciones Públicas que, de ser promulgado, permitiría al Estado contratar servicios de publicidad en medios y plataformas a través de un procedimiento de excepción, sin licitación previa ni intermediarios.
El artículo 78 del proyecto, ya aprobado en dos lecturas por la Cámara de Diputados, establece que la contratación de campañas publicitarias podrá hacerse bajo excepción, una modalidad que reduce los plazos y reglas de competencia, siempre que se contrate directamente con los medios.
El artículo 79 precisa que cada uso del mecanismo excepcional deberá estar motivado mediante resolución del Comité de Contrataciones Públicas de la entidad estatal involucrada.
Críticas por opacidad y falta de trazabilidad
La organización Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, ha expresado preocupación sobre el uso de fondos públicos en publicidad. En un informe reciente, indicó que el gasto publicitario del Gobierno cayó un 21.65 % en el primer cuatrimestre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024, al pasar de RD$3,121 millones a RD$2,445 millones.
Sin embargo, la entidad lamentó la falta de información pública sobre los criterios de contratación, la distribución por medio y los objetivos de las campañas, lo que —afirman— viola principios de transparencia establecidos en la Ley 340-06.
Otras disposiciones clave del proyecto
Además del procedimiento especial para publicidad, el proyecto contempla:
- Uso obligatorio de la Tienda Virtual, salvo justificación previa autorizada.
- Adopción forzosa del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, que documentará todo el proceso, desde planificación hasta pagos.
- Legalización de las comisiones de veeduría ciudadana, que podrán auditar y emitir informes, aunque sin carácter vinculante.
Cualquier contratación fuera del sistema oficial será nula y sancionable.
Próximos pasos
El proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y será reenviado al Senado, que ya había aprobado una versión previa. Si la Cámara Alta lo ratifica sin modificaciones, pasará al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación o devolución con observaciones.
