RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La denuncia hecha pública por Somos Pueblo Media, a través de los comunicadores Eduardo Sánchez Tolentino y Ricardo Ripoll, ha puesto bajo la lupa dos enormes licitaciones divulgadas en el portal de compras del Ministerio de Educación de la República Dominicana, liderado por el ministro Ángel Hernández, figura controvertida en el panorama político del país.
Estas licitaciones, valuadas en la asombrosa suma de 50 mil millones de pesos, tienen como objetivo la implementación de un sistema de carga eléctrica para aproximadamente 800 autobuses, una medida destinada a impulsar el uso de energía limpia y sostenible en el transporte público, como parte de una iniciativa gubernamental.
La primera de estas licitaciones, identificada con el código MINERD-CCC-PEEX-2024-0016, lleva por título «Adquisición e Instalaciones de Estaciones de carga para Autobuses Eléctricos», con un valor estimado total de RD$50,567,243,328. En la fase actual, se están recibiendo observaciones, sustentadas en la necesidad de fomentar prácticas energéticas más amigables con el medio ambiente en el transporte colectivo, en línea con las políticas gubernamentales de República Dominicana.
Por otro lado, la segunda licitación, identificada como MINERD-CCC-SI-2024-0002, se centra en la «Adquisición de Autobuses de 20 a 24 y 30 a 32 pasajeros para el transporte de niñas con Discapacidad, desde y hacia las Escuelas», con un presupuesto total estimado de RD$233,700,000. En la etapa actual, se encuentra abierta la recepción de ofertas por parte de los potenciales proveedores.
No han pasado por alto el enorme monto monetario implicado en estas licitaciones, y han expresado sus críticas hacia la supervisión llevada a cabo por los directores de Compras y Contrataciones, Ética y Transparencia, específicamente Carlos Pimentel, y la doctora Milagros Ortiz Bosch.
Además, se ha señalado la urgencia de que los funcionarios del Ministerio de Educación sean llamados a declarar en relación con estas transacciones, sugiriendo la posibilidad de que intereses ocultos estén buscando lucrarse mediante comisiones y ganancias derivadas de estas adquisiciones.
La necesidad de una investigación exhaustiva sobre los responsables de estas licitaciones es enfatizada como una medida crucial para garantizar la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos.
