RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– El Congreso Nacional aprobó la noche del jueves un nuevo Código Penal que ha generado un intenso debate público. Lejos de representar un avance, esta nueva ley contiene exclusiones que preocupan a sectores sociales, defensores de derechos humanos y expertos en justicia.
Aborto penalizado sin excepciones: un retroceso para las mujeres
La exclusión más polémica es la negativa a despenalizar el aborto en las tres causales que históricamente han sido consideradas excepciones humanitarias. Esto significa que el aborto sigue siendo un delito, incluso en situaciones donde la vida o la salud de la madre está en riesgo, cuando el feto es inviable o en casos de violación o incesto.
Este enfoque no solo pone en peligro a miles de mujeres dominicanas, sino que también ignora un debate global sobre derechos reproductivos y salud pública. La penalización absoluta condena a las mujeres a buscar alternativas inseguras y clandestinas.
Omisión en crímenes de odio y responsabilidad estatal: vacíos legales alarmantes
Por otro lado, el Código no incluye la tipificación explícita de crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género. A pesar de que se reconocen principios generales de igualdad y dignidad, la falta de protección específica deja a la comunidad LGBTIQ++ vulnerable frente a actos de violencia motivados por prejuicios. En un momento en que el mundo avanza hacia leyes más inclusivas, esta omisión es un retroceso preocupante para los derechos humanos en el país.
Un aspecto igualmente alarmante es la exclusión de la responsabilidad penal del Estado y sus organismos públicos. Según el artículo 13, ni el Estado ni sus órganos descentralizados podrán ser penalmente responsables, incluso si sus funcionarios cometen delitos en el ejercicio de sus funciones. Esto abre un peligroso precedente, pues limita la rendición de cuentas y favorece la impunidad institucional, erosionando la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
Entes religiosos y políticos fuera del régimen penal: privilegios cuestionables
Además, el Código limita la aplicación plena de sanciones penales a personas jurídicas como iglesias, partidos y agrupaciones políticas. Solo se sancionará si la infracción puede ser atribuida directamente a una persona física representante. Esto crea un blindaje para estos entes, que deberían estar sujetos a las mismas reglas y sanciones que cualquier otra organización o empresa.
En conjunto, estas exclusiones reflejan un marco legal que no responde a las necesidades de justicia social, igualdad y protección para todos los dominicanos. Más que avanzar, el nuevo Código Penal parece perpetuar privilegios y omisiones que dificultan la construcción de un sistema judicial justo y equitativo.
Es urgente abrir un debate serio y profundo sobre la necesidad de reformas que incluyan estas demandas. El país merece un Código Penal que proteja a los más vulnerables, garantice el respeto a los derechos humanos y asegure que nadie esté por encima de la ley.
