RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La transformación de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) en la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses marca un hito significativo en el panorama del transporte público dominicano. Según lo informado por Miguel Martínez, director de prensa de la entidad, desde enero de 2024, la OMSA ha adoptado oficialmente el estatus de empresa pública.
Martínez señaló que este cambio de estatus representa un paso crucial en cumplimiento del artículo 356 de la Ley número 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.
Este artículo, promulgado en 2017, establece la reforma de la OMSA hacia una empresa pública. El proceso culminó el 25 de abril pasado con la emisión del Decreto 167-23 por parte del presidente Luis Abinader, estableciendo los criterios para la transformación y su adscripción al Ministerio de la Presidencia.
La transición hacia la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses implicó, según Martínez, un traspaso del personal de la antigua OMSA a la nueva empresa. De los 3,153 empleados, 2,590 fueron recontratados tras recibir indemnizaciones y ajustes salariales conforme al régimen del Código de Trabajo. Martínez destacó que este proceso benefició especialmente al 80 por ciento de los empleados que ganaban menos del sueldo mínimo.
En cuanto a los servicios de transporte, Martínez aseguró que estos continuarán operando de manera normal todos los días. Los autobuses mantendrán su horario habitual, de lunes a viernes de 5:45 de la mañana a 11:00 de la noche, y los fines de semana y días festivos de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche.
El proceso de transformación de la OMSA a empresa pública se llevó a cabo en colaboración con el Ministerio de Administración Pública y consultoría jurídica del Poder Ejecutivo.
El registro y formalización ante la Cámara de Comercio marcan el inicio de una nueva etapa para la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses, que buscará operar con eficiencia y visión comercial, manteniendo su condición de patrimonio propiedad del Estado dominicano.
Este paso refleja el compromiso del gobierno dominicano con la modernización y mejora de los servicios de transporte público, garantizando la continuidad y eficiencia en la prestación de estos servicios esenciales para la población.
