RDÉ DIGITAL, VENEZUELA (EFE).- La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha denunciado este martes que existen motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Según el informe, de 158 páginas, la administración de Maduro estuvo involucrada en una campaña sistemática de persecución contra opositores y represión violenta de las protestas tras los comicios.
El documento, que abarca el período del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024, acusa a las fuerzas de seguridad y a grupos armados progubernamentales de llevar a cabo asesinatos, desapariciones forzadas, tortura, y violencia sexual y de género.
Estos actos, según el informe, fueron cometidos principalmente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional.
Clima de represión y violencia
El informe también señala que las declaraciones de las autoridades venezolanas, en particular tras el 28 de julio, fomentaron un clima de represión y hostilidad. Instituciones como el Consejo Nacional Electoral (CNE) fueron acusadas de incumplir los principios básicos de transparencia e integridad, mientras que la Asamblea Nacional aprobó leyes restrictivas que limitaron los derechos humanos y el espacio democrático en el país.
Además, el sistema de justicia venezolano fue criticado por operar sin independencia, facilitando la represión selectiva de opositores, militares, activistas y ciudadanos que expresaban su desacuerdo con el gobierno o con los resultados electorales.
Aumento de la represión tras las elecciones
El informe subraya que en los 10 meses previos a las elecciones, al menos 48 personas fueron detenidas bajo acusaciones de conspiración, muchas de ellas en el marco de la operación “Brazalete Blanco”. Durante la campaña electoral, otras 121 personas fueron arrestadas por colaborar con actividades de la oposición.
Tras los comicios, el gobierno de Maduro incrementó las detenciones masivas de manera indiscriminada, en lo que el informe describe como una ola represiva sin precedentes, comparable únicamente con las protestas de 2014, 2017 y 2019.
Miles de personas fueron detenidas en este contexto, según la misión de la ONU, presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas, junto al chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá.
