RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público lanzó este miércoles la Operación Camaleón, un amplio operativo dirigido contra una red de corrupción y crimen organizado que ha desviado fondos estatales y ejecutado actos ilícitos a través de diversas entidades públicas.
Hasta el momento, siete personas han sido arrestadas y se les solicitará medida de coerción en las próximas horas.
Entre los delitos imputados figuran desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica mediante alta tecnología y robo de identidad.
El operativo y las evidencias
La Operación Camaleón, desarrollada durante la noche del 2 de octubre de 2024, incluyó allanamientos en residencias y empresas ubicadas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana.
Más de 170 efectivos de la Policía Nacional, junto con Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados en crimen organizado, participaron en el operativo. Durante estos allanamientos se confiscaron cientos de evidencias que, según el Ministerio Público, ratifican las acusaciones y refuerzan los cargos contra los detenidos.
El Ministerio Público calificó la operación como una de las más exitosas en su lucha contra el crimen organizado, destacando que el procesamiento de las evidencias recolectadas en algunos de los casos se prolongó por más de 12 horas.
Implicaciones del caso: contratos fraudulentos y sabotaje
Uno de los puntos centrales de la investigación se relaciona con un contrato fraudulento firmado para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo. Este contrato está vinculado a la empresa Transcore Latam S.R.L. y fue suscrito con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). Según el documento de la orden de arresto, los implicados en el caso son Hugo Beras Goico Ramírez, exdirector del INTRANT, y su jefe de gabinete, Frank Atilano Díaz Warden.
El contrato, firmado el 19 de junio de 2023, habría sido ejecutado a pesar de las advertencias emitidas por el vicepresidente senior de Transcore, Michael R. Mauritz, quien denunció la apropiación indebida y uso no autorizado de información técnica por parte de Transcore Latam.
En una declaración jurada, Mauritz negó tener cualquier relación comercial o laboral con dicha empresa y calificó como falsas las declaraciones presentadas en la República Dominicana en su nombre.
Entre los hechos más graves imputados a esta red destaca un acto de sabotaje contra la red semafórica de la ciudad en agosto de 2024, lo que generó un caos significativo en el tráfico de Santo Domingo.
El Ministerio Público también reveló irregularidades en la instalación de equipos de semaforización en 305 intersecciones de la capital, señalando que el 90 % de los componentes instalados no coincidían con los presentados en la fase de prueba.
Uso de información falsa en el proceso licitatorio
La investigación también destapó un esquema de uso indebido de credenciales técnicas durante el proceso de licitación. El 7 de junio de 2023, el representante de Sistemas Integrados de Control S.A. Sictranscore Latinoamérica, Ricardo Echandi, presentó una denuncia contra Transcore Latam por la utilización no autorizada de información técnica.
Según esta denuncia, Transcore Latam habría presentado documentación falsa para beneficiarse indebidamente en el concurso para la modernización del sistema de semáforos.
Además, el Ministerio Público identificó irregularidades en la instalación de equipos, como la sustitución de componentes de calidad inferior y el cambio de nomenclaturas técnicas, lo que violaba los términos del contrato.
Hugo Beras y Pedro Vinicio Padovani, representante de Transcore Latam, firmaron un contrato de cinco años que incluía pagos adicionales por el uso del software ClaudiA, lo que resultó ser un acuerdo perjudicial para el Estado dominicano.
Corrupción estructural y medidas de coerción
El Ministerio Público señaló que esta red no solo estuvo involucrada en corrupción administrativa, sino también en la usurpación de funciones de seguridad y defensa del Estado.
Parte de la acusación incluye un contrato ilegal entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, en junio de 2020, que permitió a la red asumir funciones propias de los organismos de inteligencia.
Los detenidos se encuentran en el Centro de Atención de Privación de Libertad de la Fiscalía del Distrito Nacional, y en las próximas horas se les solicitará medida de coerción. Las autoridades no descartan más arrestos, dado que las investigaciones continúan.
