RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El reciente incendio en la cárcel de La Victoria ha generado un profundo impacto en la opinión pública y en el ámbito político, especialmente después de que el exmandatario y aspirante a la presidencia, Leonel Fernández, hiciera un llamado al Gobierno para realizar investigaciones rigurosas que aclaren las causas de este trágico suceso.
En una publicación en su cuenta de Twitter, expresó sus condolencias a las familias afectadas y señaló la necesidad de poner fin a la indiferencia y falta de acción ante la crisis penitenciaria que afecta al país.
Ante este contexto, la Procuraduría General de la República ha tomado medidas con la creación de un gabinete destinado a investigar a fondo las circunstancias que provocaron el incendio en La Victoria. Sin embargo, esta iniciativa ha generado opiniones encontradas entre los congresistas de diversas bancadas políticas en el Congreso, quienes han expresado posturas divergentes sobre la eficacia y pertinencia de esta medida.
El diputado Juan Dionicio Rodríguez, del Frente Amplio, ha manifestado su opinión de que no era necesario crear esta comisión investigadora, argumentando que las autoridades ya tienen pleno conocimiento de lo sucedido en la penitenciaría. Por otro lado, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados ha expresado su escepticismo respecto a la propuesta del nuevo gabinete, considerándola una pérdida de tiempo.
Contrastando estas posturas, el presidente de la comisión permanente del Ministerio Público en la misma cámara, Carlos Sánchez, ha respaldado la creación del gabinete y le ha otorgado un voto de confianza, enfatizando la importancia de una investigación rigurosa y la necesidad de tomar medidas concretas para mejorar el sistema penitenciario del país.
En medio de estas opiniones divergentes, se evidencia la complejidad y sensibilidad de la situación en La Victoria, así como la urgencia de abordar de manera efectiva las deficiencias estructurales que afectan al sistema carcelario dominicano. Este debate refleja la necesidad de una acción coordinada y eficiente para garantizar la seguridad y los derechos de los privados de libertad, así como para prevenir futuros incidentes de esta naturaleza.
