Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer. El origen de la efeméride es la necesidad de honrar la memoria de las hermanas Mirabal, nuestras tres activistas políticas dominicanas, que murieron asesinadas iniciando la década de los años 60, por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo. A principios de los 90 La Organización de Naciones Unidas (ONU), emitió una resolución con la «Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer» y desde el 2,000, cada 25 de noviembre se conmemora la fecha. Año tras año principalmente en nuestro país, todas las instituciones se unen en actos conmemorativos, pero en pleno 2023, unas seis decadas después del asesinato de Las Mariposas, otras formas de violencia desde el Estado contra las mujeres, se hacen presente en nuestra sociedad y a la vista de todos.
El artículo cuatro de la resolución de la ONU, del año 1993 establece:
«Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer.»
Sin embargo, irónicamente en República Dominicana, pareciera que en ocasiones el Estado, lejos de proteger a la mujer, la violenta, y para muestra un botón:
Recordemos a Wendy Josefina Hernández, ex empleada del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se desnudo en la entrada del Palacio Nacional justo el Día Internacional de la Mujer, el 08 de marzo del 2021, exigiendo el pago de sus prestaciones laborales, unos 210,000 pesos, por su servicio de 16 años en la institución como asistente de la Gobernación del Club del MOPC. La protesta le costó unas horas en la cárcel, por alterar el orden público, pero logró que el ministro Deligne Ascención, ordenara el pago, y dos días después, el 10 de marzo del 2021, la institución informó vía sus redes sociales que había sido depositado el pago de las prestaciones a favor de la mujer. Pero, el Estado no le devuelve las vestimentas de decoro, pudor y dignidad, que se vio obligada a quitarse para exigir su derecho, ante un Estado que la maltrató.
Y un caso igual de indignante es la situación de la Intendente de bomberos de San Pedro, Maritza Pérez, pues un gobierno municipal que representa al Estado, la ha convertido en un triste ejemplo de atropello.
Intendente de bomberos de San Pedro de Macorís y una oficial de turno.
«En mi caso yo he recibido violencia y abuso de poder»
Así relata para RDÉ DIGITAL, el calvario que ha definido como violencia institucional, pues luego de 32 años de servicio y entrega, se siente maltratada por el alcalde de San Pedro, Raymundo Ortiz Díaz. Con una sentencia de un tribunal de amparo desde el 2020, y una resolución municipal del 2023, que el alcalde no ha cumplido, la Intendente desempeña sus funciones sin percibir la remuneración económica que le corresponde, y como arrastre, su equipo tampoco, incluidas otras mujeres.
Esto se traduce en violencia a una mujer con 32 años de entrega al Cuerpo de Bomberos en San Pedro, y se siente maltratada tanto por quien no cumple la sentencia, como por las autoridades que no la hacen cumplir, que permiten a una alcaldía el abuso a la primera mujer en dirigir un Cuerpo de Bomberos en el país, y a otras que forman parte de la institución de rescatistas, de la Sultana del Este.
Y mientras tanto, pareciera que el Ministro de Interior y Policía, y el mismo presidente Luis Abinader, son ajenos al abuso que se comete desde la Alcaldía de San Pedro en contra de una mujer que ha dedicado su vida al servicio de la nación, pues recientemente ambos han visitado el municipio de San Pedro, en actividades donde el alcalde ha estado presente, caminando al lado de ellos, sin mirar a una mujer que ha gritado por auxilio incluso desde el Senado de la República Dominicana.
Primera mujer en dirigir un cuerpo de bomberos en República Dominicana.
«Una dama como yo, que no soy política, yo lo que soy es trabajadora social y se me violan los derechos». -Maritza Pérez.
