RDÉ DIGITAL, PANAMÁ.– La justicia panameña cerró el proceso que anuló la concesión otorgada a CK Hutchison Holdings para operar dos puertos del canal. La decisión quedó firme tras la publicación del fallo en la gaceta oficial.
En enero, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró “inconstitucional” el contrato. Ese acuerdo permitió a Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison, administrar desde 1997 los puertos de Balboa y Cristóbal.
Aunque la sentencia no admitía apelación, faltaban trámites formales. Ahora, con su publicación oficial, la concesión deja de tener validez legal.
Gobierno designa operador temporal
Tras el fallo, el presidente José Raúl Mulino anunció una medida provisional. La naviera Maersk asumirá temporalmente la operación de las terminales.
La decisión se produce en medio de tensiones geopolíticas. En particular, Estados Unidos ha expresado preocupación por la presencia china en infraestructuras estratégicas del canal.
Además, los puertos afectados concentran un volumen clave. En 2025, movilizaron el 38 % de los contenedores que transitaron por Panamá. Por ello, el sector logístico observa el proceso con cautela.
Advertencias y posibles acciones legales
El vocero de PPC, Alejandro Kouruklis, reconoció que la publicación del fallo implica el fin de la concesión. No obstante, pidió al Gobierno negociar una salida ordenada. Según afirmó, una transición abrupta podría generar incertidumbre jurídica.
Por su parte, Hutchison anunció posibles acciones legales. La empresa adelantó que recurrirá ante la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París. Alega que la decisión le causa “graves daños”.
Argumentos del tribunal
La Corte sostuvo que la concesión, renovada por 25 años en 2021, favorecía de manera desproporcionada a la empresa. En consecuencia, consideró que el contrato perjudicaba los intereses del Estado panameño.
Mientras tanto, Hutchison negocia la venta de varios activos portuarios. Entre ellos figuran los de Panamá. El grupo interesado está liderado por BlackRock. El monto de la operación asciende a 22,800 millones de dólares.
Así, el fallo abre una nueva etapa en la gestión de infraestructuras estratégicas para el comercio marítimo internacional.
