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Para el Gobierno, los dominicanos somos billonarios en bienes

RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO. – El Estado dominicano ha dado a conocer un inventario detallado de sus bienes inmuebles, sumando un total de 46,737 propiedades con un valor estimado de RD$12.4 billones.

Estos datos emergen de la primera fase del Censo Nacional de Bienes Inmuebles del Estado, realizado con la colaboración de 750 personas.

El director general de Bienes Nacionales, Rafael A. Burgos Gómez, informó que el equipo encargado recorrió cada provincia del país para recopilar esta información esencial.

Los resultados del censo fueron presentados en una rueda de prensa por el ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, y Burgos Gómez.

Este censo, ordenado por el decreto número 414-22 el 3 de agosto de 2022, representa un acontecimiento histórico, ya que, según Bienes Nacionales, nunca antes se había llevado a cabo un censo de inmuebles estatales en el país.

Joel Santos Echavarría subrayó la importancia de este esfuerzo para la transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

«Es crucial que los dominicanos conozcan los activos del Estado para utilizarlos de manera eficiente,» afirmó el ministro.

El proceso de recopilación de datos tomó alrededor de un año y reveló información detallada sobre terrenos y edificaciones.

Se destacó que los organismos funcionalmente desconcentrados poseen propiedades con una extensión de 1,738.6 metros cuadrados, valoradas en RD$6.8 billones, representando la parte más valiosa del inventario estatal.

Por su parte, los ministerios controlan edificaciones y terrenos que abarcan 51 millones de metros cuadrados, con un valor total de RD$466,506.9 millones.

Además, los consejos, comisiones y comités manejan 62.6 millones de metros cuadrados, sumando un valor de RD$845,529.1 millones.

Este inventario detallado de bienes inmuebles del Estado dominicano es un paso significativo hacia una mayor transparencia y eficiencia en la administración de los recursos públicos, proporcionando una base sólida para futuras decisiones sobre la gestión y utilización de los activos estatales. (Datos extraídos del periódico Panorama)

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