RDÉ DIGITAL, VENEZUELA.- En un contexto marcado por las tensiones políticas y las denuncias de fraude electoral, el Parlamento de Venezuela, dominado por el chavismo, ha retomado el debate sobre una controvertida ley destinada a regular las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Revisión de la ley: una aprobación acelerada y suspensión inesperada
El martes, la Asamblea Nacional venezolana reanudó la discusión de la ley que busca regular las ONG, en un proceso que se ha caracterizado por su rapidez y por la suspensión abrupta de su segunda y definitiva discusión, apenas una hora después de haber comenzado.
Este paquete legislativo no solo incluye la regulación de las ONG, sino también leyes para controlar las redes sociales y una normativa contra el “fascismo”, un término que el gobierno utiliza para describir a sus detractores.
La ley contra el fascismo, que entra en fase de consulta pública, penaliza la promoción de manifestaciones y reuniones que hagan “apología al fascismo”, y plantea la ilegalización de partidos políticos y fuertes multas para entidades que financien actividades o difundan información que “incite al fascismo”.
En palabras del influyente parlamentario chavista Diosdado Cabello: “Si usted no es fascista no se preocupe”.
Denuncias de fraude y protestas
La ley de ONG es vista por muchos como un esfuerzo del gobierno para silenciar la disidencia y limitar la actividad de organizaciones que a menudo juegan un papel crucial en la denuncia de abusos y en la defensa de los derechos humanos.
La aprobación de esta ley se produce en medio de un clima de represión que se intensificó tras las elecciones del 28 de julio, donde el presidente Nicolás Maduro fue proclamado ganador con el 52% de los votos, asegurando así un tercer mandato hasta 2031.
Sin embargo, la oposición, liderada por María Corina Machado, rechaza estos resultados y alega que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el verdadero vencedor, acusaciones que el gobierno ha calificado de incitación a un “golpe de Estado”.
Las elecciones desataron una ola de protestas que dejó 25 muertos, 192 heridos y más de 2.400 detenidos. A nivel internacional, Estados Unidos, Europa y varios países latinoamericanos han instado al Consejo Nacional Electoral (CNE) a que publique los detalles del escrutinio, que hasta el momento no han sido divulgados, alimentando aún más las sospechas de fraude.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado en la red social X que esta ley “restringiría arbitrariamente el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación pública”.
Estas preocupaciones son compartidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien instó a las autoridades venezolanas a no adoptar leyes que socaven el espacio cívico y democrático en el país.
Türk también señaló la existencia de un “clima de miedo” en Venezuela, donde es “imposible aplicar los principios democráticos y proteger los derechos humanos”.
