RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.-El Movimiento Participación Ciudadana expresó su preocupación por la persistente crisis del sector eléctrico en la República Dominicana, que desde agosto ha registrado apagones de hasta 12 horas diarias, afectando a familias y a la economía popular.
En un comunicado, la organización señaló que, a pesar de inversiones superiores a RD$2,000 millones en subestaciones y promesas de solucionar la situación antes de finales de 2025, “la realidad refleja un deterioro estructural persistente”.
Según datos del Ministerio de Energía y Minas, entre enero y agosto de 2025, el Gobierno destinó más de RD$62,000 millones al subsidio eléctrico, equivalente al 60 % de los subsidios estatales en ese período, cifra superior a las inversiones en salud y programas sociales. A pesar de esto, las pérdidas de energía aumentaron de 36.9 % en 2024 a 37.6 % en 2025, lo que representa cerca de RD$38 perdidos por cada RD$100 invertidos, debido a fraudes, conexiones ilegales y deficiencias técnicas.
Participación Ciudadana consideró que la crisis es estructural, no solo técnica ni financiera. En septiembre de 2024, se registraron más de 800,000 conexiones ilegales al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), cifra que descendió a 650,000 en agosto de 2025, pero sigue siendo una fuente importante de pérdidas. La organización denunció además la participación de mafias y funcionarios en irregularidades que han generado apagones prolongados y cuantiosas pérdidas económicas.
El movimiento resaltó que entre enero y mayo de 2025, las empresas distribuidoras de electricidad (EDES) registraron pérdidas del 41.7 % del suministro eléctrico, y advirtió que el Decreto 517-25, que declara la emergencia del sector, debe aplicarse con estrictos controles institucionales para evitar sobrevaluaciones y privilegios indebidos.
Participación Ciudadana demandó al Gobierno adoptar medidas urgentes, entre ellas:
- Transparentar las EDES mediante la publicación mensual de informes, indicadores y estados financieros.
- Despolitizar el sector eléctrico, evitando corrupción y tráfico de influencias.
- Realizar auditorías independientes a contratos, gestión de pérdidas e inversiones.
- Revisar la política de subsidios para focalizar ayudas a hogares vulnerables.
- Establecer un plan de reducción de pérdidas con metas verificables.
- Intensificar la lucha contra el fraude mediante regularización, tecnología avanzada y sanciones efectivas.
Finalmente, la organización reafirmó su compromiso con la vigilancia cívica, la defensa del uso ético de los recursos públicos y la promoción de políticas que fortalezcan la transparencia y la equidad en el sector eléctrico.
