RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Después de someter esta determinación a un análisis exhaustivo, Participación Ciudadana rechaza, tal como lo ha hecho en numerosas ocasiones, cualquier medida respaldada en infracciones a las leyes, sobre todo cuando estas se toman en favor de aquellos que tienen la autoridad legal para crearlas y hacerlas cumplir.
“Lo primero que debe quedar claro para el país es que la asignación aprobada para el financiamiento de los partidos en el presupuesto del 2024 no es el resultado de un error u omisión por parte de ninguna de las partes involucradas. La realidad es que esta reducción, al igual que la aplicada a otras doce instituciones o sectores, se ha venido dando año tras año debido a que los ingresos del Estado no son suficientes para cumplir con todas las asignaciones que las leyes especiales establecen para diversas instituciones” aseguró el organismo.
Añade que todos los gobiernos de las últimas décadas, en acuerdo con el Congreso Nacional, han tomado esta decisión porque no han mostrado voluntad ni para llevar a cabo una reforma fiscal que aumente considerablemente los ingresos, ni para buscar el consenso necesario para modificar las leyes especiales que fijan porcentajes específicos del presupuesto.
“Por lo tanto, tal como se ha hecho desde hace décadas en los presupuestos de cada año, el artículo 51 de la Ley No.80-23 que aprobó el presupuesto del 2024 establece: Ajustes a recursos asignados por leyes especiales. Con base en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley núm. 423-06, se autoriza al Poder Ejecutivo, por excepción, a apropiar un monto inferior a los montos que corresponden, según los porcentajes que se especializan para fines distintos en las leyes que rigen a los entes y órganos siguientes”, destacó.
Entre los afectados por los recortes presupuestarios se encuentran no solo la JCE, incluyendo las asignaciones a los partidos, sino también instituciones tan necesitadas de recursos como el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, los ayuntamientos, la UASD, la Cámara de Cuentas, entre otras trece.
“Así que, aunque debemos aspirar a corregir anomalías como esta, al menos debemos reconocer que es un recurso transparente y aceptado por todas las partes, cosa que no ocurre con la decisión recién tomada por el Gobierno para complacer a los partidos políticos”, aseveró.
Entre tanto, el párrafo del artículo 234 de la Constitución señala que, una vez aprobada la Ley de Presupuesto General del Estado, no se pueden transferir recursos presupuestarios de una institución a otra sin una ley.
Además, el artículo 236 establece que ninguna erogación de fondos públicos será válida si no está autorizada por la ley. La decisión en cuestión también contraviene el principio de especialidad cualitativa, que estipula que los recursos deben ser utilizados exclusivamente para los objetivos establecidos en el presupuesto, como lo señala el artículo 11, literal g de la Ley Orgánica de Presupuesto.
A la luz de estos preceptos constitucionales y legales, solo el Congreso Nacional, el mismo que aprobó el presupuesto del 2024 con las partidas que ahora se cuestionan, está facultado para modificarlo, previa presentación de un presupuesto complementario por parte del Gobierno central.
El uso de recursos que se habían asignado para otros fines en el presupuesto de la JCE es ilegal, y aún más ilegal es hacerlo bajo el compromiso del Poder Ejecutivo de que restablecerá esos recursos, porque eso sería pasar por alto al Congreso Nacional, una violación inaceptable de la separación de poderes. Si este organismo no protesta esta decisión es porque todos los partidos se beneficiarán de ella.
El “bajadero” autorizado por el Gobierno para satisfacer a los partidos es una decisión política al margen de la ley, que sienta un precedente que podría acarrear graves problemas en el futuro. El país debe abordar de manera institucional todos los asuntos que conllevan a estas violaciones anuales en el presupuesto.
Participación Ciudadana espera que, en una próxima revisión constitucional, se revisen las condiciones y montos de financiamiento establecidos en las leyes electorales y de partidos, a la luz de los pobres resultados obtenidos.
Pero hasta que eso ocurra, no podemos ignorar ni respaldar violaciones a las leyes como la anunciada, ni mucho menos permitir que se hagan en beneficio del sector que toma las decisiones, en detrimento de las demás instituciones y sectores que cada año reciben un presupuesto muy por debajo de sus necesidades.
