RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La organización no partidista Participación Ciudadana manifestó este martes su firme oposición a la nueva política aprobada por el Poder Judicial, que establece la eliminación o sustitución de toda información que pueda identificar o hacer identificable a cualquier persona física en los procesos judiciales.
La organización consideró que esta medida podría contribuir a la invisibilización de los infractores de la ley, particularmente aquellos involucrados en casos de corrupción, generando un ambiente propenso a la impunidad.
Según Participación Ciudadana, la política contraviene el principio fundamental de la transparencia en los juicios públicos, que está garantizado por la Constitución de la República.
La organización destacó que, en el contexto de los juicios penales, la publicidad de los mismos no solo protege a los imputados, sino también al interés público, permitiendo que la sociedad tenga acceso a los detalles de los procesos judiciales.
“La publicidad de los juicios debe incluir la identificación de todos los actores relacionados, desde jueces y fiscales hasta imputados, querellantes, víctimas y testigos, con las excepciones necesarias para proteger a menores de edad y personas vulnerables”, expresó en un comunicado.
En particular, la organización cuestionó la inclusión de la cédula de identidad y electoral en la lista de datos personales sujetos a anonimato, un documento esencial para realizar múltiples trámites y operaciones privadas, que podría facilitar la identificación en situaciones donde se compartan nombres comunes.
La organización también subrayó que el acceso a los expedientes judiciales no solo debe ser exclusivo de las partes involucradas en el proceso, sino que debe estar disponible para cualquier ciudadano y, de manera especial, para los medios de comunicación, en cumplimiento con el derecho a la información y a la libre expresión.
A su juicio, la nueva normativa impone restricciones indebidas sobre terceros, lo que podría afectar gravemente la labor de la prensa y la ciudadanía en general.
En el comunicado, Participación Ciudadana advirtió que cualquier conflicto entre el derecho a la privacidad y el derecho a la información debe resolverse en favor de la transparencia, especialmente cuando se trata de funcionarios públicos y recursos del Estado.
La organización también hizo un llamado al Poder Judicial para que reconsidere la medida, resaltando que en un momento crítico para el país, en el que se busca combatir la corrupción, el crimen organizado y otros delitos graves, esta normativa podría socavar los esfuerzos de la sociedad para erradicar la impunidad.
La organización concluyó instando al Poder Judicial a retirar esta normativa, al considerar que la protección excesiva de datos personales puede entorpecer el acceso público a la información y obstaculizar la lucha contra la corrupción y otros delitos de gran impacto social.
