RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Esta mañana, el coordinador nacional de Participación Ciudadana (PC), Erick Hernández Machado, hizo un llamado contundente a que la reforma del Código Penal no solo penalice nuevos delitos, sino que también incluya medidas efectivas para combatir la corrupción y promover la transparencia en la administración pública.
Hernández Machado destacó que la corrupción tiene efectos devastadores, minando la confianza en las instituciones, obstaculizando el desarrollo económico y vulnerando los derechos de los ciudadanos. En ese sentido, subrayó la importancia de incluir disposiciones que sancionen los abusos de autoridad, la malversación de fondos públicos, el tráfico de influencias y otros actos que afecten la probidad en la función pública.
«Desde Participación Ciudadana respaldamos el proceso de aprobación de los títulos dedicados a proscribir la corrupción y mejorar la ética pública en el nuevo Código Penal», afirmó Hernández Machado. Explicó que es crucial perseguir y sancionar a quienes desvíen fondos públicos, asegurando que estas disposiciones marcan un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en el país.
El dirigente cívico enfatizó que cualquier legislación orientada a combatir la corrupción debe ser integral, abordando aspectos legales, institucionales y sociales. Propuso fortalecer la transparencia, el acceso a la información y capacitar en ética a los funcionarios públicos como medidas preventivas clave.
«Es fundamental que la Cámara de Diputados continúe este camino de aprobación para asegurar que todas estas disposiciones anticorrupción sean implementadas efectivamente», agregó Hernández Machado, señalando que el artículo 304 del Código Penal especifica las acciones administrativas que constituyen infracciones y deben ser perseguidas.
El proyecto de ley de Código Penal, aprobado recientemente por el Senado en segunda lectura, incluye 72 nuevos artículos que penalizan delitos como el sicariato, feminicidio, genocidio, bullying, sobornos y otros actos ilegales. Sin embargo, la exclusión de las tres causales que legalizarían el aborto ha generado controversia y división entre legisladores, grupos feministas, sectores gubernamentales y religiosos en la República Dominicana.
La legislatura actual finaliza el 26 de este mes, por lo que se espera que la Cámara de Diputados avance rápidamente en el análisis y aprobación del proyecto de ley del Código Penal con las modificaciones propuestas por Participación Ciudadana y otros sectores interesados en fortalecer el marco legal del país.
