RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO. El gasto del Gobierno dominicano en publicidad alcanzó niveles sin precedentes durante el primer cuatrimestre de 2024, al pasar de RD$491 millones en 2023 a RD$3,121 millones, un incremento superior al 500 %, de acuerdo con un análisis presentado por Participación Ciudadana (PC), capítulo dominicano de Transparencia Internacional.
Aunque en el primer cuatrimestre de 2025 el gasto se redujo a RD$2,445 millones, sigue siendo casi cinco veces más alto que en el mismo período de 2023.
Entidades con mayores aumentos y falta de transparencia
Según PC, entre las instituciones que más incrementaron su inversión publicitaria figuran:
- Cámara de Diputados
- Ministerio de Turismo
- Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES
- Supérate.
- INDOTEL
Sin embargo, la organización denunció que no existe información pública sobre los criterios de contratación, distribución por medios ni objetivos de las campañas, violando los principios de transparencia y rendición de cuentas establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Publicidad oficial: ¿instrumento informativo o propaganda?
En respuesta a estos cuestionamientos, el presidente Luis Abinader emitió en enero de 2024 el Decreto 1-24, que establece que la publicidad oficial debe estar orientada a objetivos institucionales legítimos, como informar a la ciudadanía, garantizar acceso a servicios públicos y fomentar la rendición de cuentas.
El decreto prohíbe expresamente el uso de fondos públicos con fines propagandísticos, políticos o electorales, así como la canalización de recursos hacia medios, influenciadores o comunicadores de manera encubierta.
Además, el Manual de Procedimientos de Excepción de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) exige justificación técnica y objetiva para cada contratación, condiciones que, según PC, no se están cumpliendo.
Llamado urgente a la transparencia y a la regulación
Participación Ciudadana solicitó formalmente a la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM) la publicación inmediata de:
- Todos los contratos de publicidad oficial correspondientes a 2023, 2024 y 2025.
- Los montos asignados por institución y medio, así como los objetivos y criterios de selección.
- Las justificaciones de cada contratación, conforme al Decreto 1-24 y al Manual de Excepción de Contrataciones.
Propuestas para evitar el uso indebido de fondos públicos.
Ante el aumento desproporcionado del gasto en años electorales, PC propuso una serie de acciones para proteger la institucionalidad democrática:
- Auditoría independiente del gasto en publicidad estatal 2023-2025.
- Aplicación estricta del Decreto 1-24, con sanciones en caso de incumplimiento.
- Monitoreo ciudadano permanente del gasto en comunicación gubernamental.
- Regulación legal del gasto publicitario en años electorales, con límites claros y sancionables.
Participación Ciudadana advirtió que el uso político de los recursos del Estado socava la confianza en las instituciones y pone en riesgo la equidad electoral, por lo que reiteró su llamado a una acción inmediata por parte del Gobierno y los órganos de control.
