RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) expresó ayer críticas al Fondo de Asistencia Social, conocido como “barrilito”, del Senado de la República Dominicana. El coordinador de PC, Erick Hernández, calificó este fondo como parte del “clientelismo continuo” que persiste en el Senado, argumentando que no corresponde a la función esencial de un legislador.
Hernández-Machado Santana sugirió que la vía adecuada para cuestionar este fondo es a través de una acción de inconstitucionalidad ante la jurisdicción competente, como el Tribunal Constitucional (TC). El jurista subrayó que la ayuda social no debería ser una función principal de los legisladores en el Congreso.
El coordinador de PC afirmó que “la partida debe ser cuestionada bajo los criterios de razonabilidad ante la jurisdicción constitucional; es decir, una acción directa de inconstitucionalidad para dar oportunidad a que el único órgano que puede cuestionarlo, el Tribunal Constitucional, pueda y tenga la oportunidad de su revisión”.
En agosto de 2020, Participación Ciudadana pidió a los nuevos senadores que su primera medida fuera eliminar los privilegios que distorsionan la esencia de la labor del Congreso, que incluye legislar, representar a los ciudadanos y fiscalizar el uso de los fondos públicos. También solicitaron la eliminación del “cofrecito” de la Cámara de Diputados, que consiste en fondos entregados a discreción en fechas especiales.
En 2022, PC reiteró su petición de eliminar las dos exoneraciones para importar vehículos que tienen los legisladores y de racionalizar la asignación de viáticos y gastos de representación y de oficinas senatoriales. Estas medidas buscan reducir los privilegios y enfocar a los legisladores en sus funciones esenciales.
En abril de 2022, la Fundación Derecho, Educación, Ciudadanía y Democracia (Fundación Deecir) y Finetta Castillo Quiñones presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el “barrilito”. Sin embargo, la acción se declaró inadmisible porque los demandantes no invocaron la nulidad del acto administrativo, sino que atacaron el beneficio en sí mismo, lo cual escapa del control directo de constitucionalidad de la alta corte dominicana.
El rechazo del recurso subraya la necesidad de un enfoque más estratégico para abordar la inconstitucionalidad del “barrilito”. Participación Ciudadana y otros grupos cívicos siguen abogando por reformas que eliminen estos privilegios y promuevan la transparencia y la responsabilidad en el uso de los fondos públicos.
La controversia en torno al “barrilito” y otros fondos similares refleja las tensiones en el Congreso dominicano sobre la mejor manera de servir a los ciudadanos y utilizar los recursos públicos. Las demandas de reforma y las acciones legales continúan siendo una parte clave del debate político en el país.
