RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Movimiento Cívico Participación Ciudadana informó este lunes que el incumplimiento de la Ley No. 311-14, que regula la Declaración Jurada de Patrimonio Público, se ha convertido en una burla por parte de muchos funcionarios públicos, lo que exige una acción inmediata por parte de las autoridades competentes para aplicar el régimen de consecuencias correspondiente.
En un comunicado, la organización expresó su preocupación por la apatía y desidia mostrada por la mayoría de los funcionarios en la presentación de sus declaraciones patrimoniales, las cuales debían ser presentadas en un plazo de 30 días.
“Es inaceptable que la gran mayoría de los funcionarios públicos, incluidos legisladores, no hayan presentado su declaración, especialmente cuando conocían desde su elección el 16 de mayo que tendrían que hacerlo. No solo tuvieron 30 días, sino 120 días”, señalaron.
Participación Ciudadana también criticó que algunos legisladores hayan solicitado una extensión del plazo, argumentando que esto revela un desconocimiento de la ley.
Aclararon que, aunque el reglamento permite una extensión de diez días adicionales para declaraciones incompletas, no se puede extender el plazo para quienes no han presentado su declaración en absoluto.
La ley estipula que las declaraciones tardías deben ser clasificadas como tales y enviadas al Ministerio Público para que se investigue la razón de la demora.
El comunicado enfatiza que declarar los movimientos de las tarjetas de crédito no es un requisito para la presentación de la declaración. La ley solo exige que se declare la existencia de tarjetas, el límite autorizado y el saldo pendiente a la fecha de la declaración.
Participación Ciudadana instó a la Cámara de Cuentas a corregir cualquier exigencia adicional que no esté contemplada en la norma.
Asimismo, la organización destacó que no es obligatorio detallar los viajes al exterior, aunque se requiere una copia del pasaporte, un procedimiento habitual en las solicitudes de visa.
También aclararon que la norma exige la identificación de hermanos y padres, pero no la del patrimonio de estos familiares, lo cual sí se exige para el cónyuge o pareja en unión libre en caso de matrimonio bajo la comunidad de bienes.
Participación Ciudadana hizo un llamado a la Cámara de Cuentas y al director de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos para que publiquen en la página web de la Cámara los nombres de los funcionarios que han cumplido con la ley, así como aquellos que han presentado sus declaraciones fuera de plazo o no lo han hecho.
La organización solicitó también que se informe a la ciudadanía sobre el cumplimiento de la obligación legal de enviar los casos correspondientes al Ministerio Público, y sobre la aplicación de sanciones como la retención del salario hasta el cumplimiento de la normativa.
Por último, Participación Ciudadana instó a diversas entidades, incluyendo la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, el Ministerio de Administración Pública, el Ministerio Público, y a los presidentes de las cámaras legislativas, a implementar acciones para garantizar el cumplimiento de la ley y la aplicación de sanciones a quienes no presenten sus declaraciones.
Resaltaron la necesidad de modificar el régimen de consecuencias para incluir la inhabilitación de aquellos funcionarios que no cumplan con la obligación de declarar su patrimonio.
