RDÉ DIGITAL, SANTO DOMNGO.- La reciente sentencia No. TC-0788/2024 del Tribunal Constitucional (TC), que habilita las candidaturas independientes mediante agrupaciones cívicas o sociales sin requisitos previos de inscripción, ha generado un intenso debate en República Dominicana.
La decisión, emitida el pasado 13 de diciembre, establece un marco para las candidaturas independientes que, según algunos sectores, podría crear desigualdad frente a los partidos políticos, movimientos y agrupaciones regulados por leyes específicas.
El fallo ha sido cuestionado por sectores que argumentan que el TC habría excedido su competencia al regular aspectos que, constitucionalmente, corresponden al Congreso Nacional.
Dado que la regulación de derechos fundamentales requiere una ley orgánica, el Congreso es el único órgano facultado para legislar al respecto.
Uno de los requisitos establecidos por la sentencia es que las candidaturas independientes deben contar con el apoyo de al menos el 2 % de los votos válidos emitidos en la última elección de la demarcación correspondiente.
Esta medida busca evitar inscripciones masivas, pero también podría limitar las oportunidades a personas con recursos económicos limitados, generando el riesgo de favorecer a candidatos respaldados por financiamientos opacos o “dinero sucio”.
Además, aspectos esenciales como la presentación formal de candidaturas, mecanismos de sustitución y regulación de financiamiento aún requieren claridad legislativa.
Ante este panorama, Participación Ciudadana ha sugerido que la Junta Central Electoral (JCE) utilice su facultad constitucional para proponer un proyecto de ley que regule las candidaturas independientes.
Esta propuesta incluiría consultas a los partidos políticos y la ciudadanía, buscando un equilibrio entre los derechos fundamentales y las garantías de igualdad en el proceso electoral.
La implementación de candidaturas independientes representa un avance en la participación democrática, pero también plantea retos significativos.
Algunos analistas consideran que, sin una regulación adecuada, el nuevo modelo podría abrir puertas a prácticas irregulares o privilegiar a ciertos sectores, afectando la equidad en los procesos electorales.
En un país donde los partidos políticos tienen una fuerte influencia en la vida pública, esta sentencia podría cambiar el panorama electoral y fortalecer el poder ciudadano, siempre que se establezca un marco regulatorio claro y justo.
La atención ahora se centra en el Congreso Nacional y la JCE, que tendrán la tarea de equilibrar los derechos de los candidatos independientes con las exigencias de transparencia y equidad electoral.
