RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El coordinador general de Participación Ciudadana, Erick Hernández Machado, expresó que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que da paso a las candidaturas independientes representa una “decisión sumamente interesante” para el futuro de los procesos electorales en el país.
Hernández destacó la importancia de las condiciones establecidas por el TC, las cuales, según él, clarifican el marco legal para la participación política.
El Tribunal Constitucional estableció requisitos específicos para las candidaturas independientes, como la manifestación de voluntad del candidato, la recolección de firmas equivalentes al 2 % del padrón electoral y la presentación de un programa de gobierno.
Estos requisitos se aplican a los tres niveles electorales: presidencial, congresual y municipal.
Hernández Machado subrayó que lo siguiente en este proceso debería ser convocar a una regulación más específica bajo las leyes orgánicas y otorgar facultades reglamentarias a la Junta Central Electoral (JCE).
Esto permitiría ajustar cualquier elemento necesario para los procesos electorales y asegurar una mayor equidad en la participación política. Además, mencionó la importancia de fiscalizar los fondos privados que reciben los partidos políticos.
En cuanto a las dificultades que enfrentan las candidaturas independientes, Hernández Machado señaló que, al no beneficiarse de fondos públicos, estos candidatos deberán realizar un esfuerzo organizativo significativo.
Resaltó que los partidos políticos deberán evaluar si este es un tema de preocupación, dado que las candidaturas independientes son, por su naturaleza, de carácter accidental y temporal.
Durante su participación en el podcast, Hernández también destacó la necesidad urgente de reformas en el sistema judicial y penitenciario. Se refirió a los casos de gran corrupción que está siguiendo Participación Ciudadana, señalando que muchos de estos procesos se encuentran en estancamiento.
Mencionó que, a pesar de algunos avances en los tribunales, los frecuentes aplazamientos siguen siendo una barrera para la resolución de estos casos.
En relación al sistema penitenciario, el coordinador de Participación Ciudadana apoyó la creación del Ministerio de Justicia, que asumiría las competencias del sistema carcelario, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la jurisdicción penal y reducir la mora judicial.
