RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La abogada y miembro de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, expresó su preocupación ante los proyectos de reforma al Código Penal Dominicano, señalando que cada propuesta presentada por los legisladores presenta mayores deficiencias, afectando distintos derechos fundamentales.
Blanco criticó que estas iniciativas parecen diseñadas para que la ciudadanía termine eligiendo “el menos malo de los proyectos”, en lugar de un código que garantice una legislación equilibrada y justa.
Uno de los principales puntos cuestionados es la falta de tipificación del feminicidio, lo que, según Blanco, impide la aplicación de políticas públicas adecuadas y sanciones proporcionales a este delito.
“No se tipifica el feminicidio, que es uno de los grandes desafíos que tenemos. Ya enfrentamos la falta de políticas públicas eficientes en esta materia, pero si tampoco se incluye en el código, estamos dejando un vacío legal importante”, expresó.
En cuanto a la propuesta del senador Rogelio Genao, Blanco señaló que si bien menciona el delito de discriminación, omite la discriminación por orientación sexual. Además, advirtió sobre los riesgos de incluir la objeción de conciencia como argumento legal para justificar actos discriminatorios.
“Permitir la discriminación bajo el concepto de objeción de conciencia es abrir una brecha peligrosa. Básicamente, se estaría legislando el derecho a discriminar en base a creencias personales”, explicó.
Blanco también criticó el tratamiento de las tres causales del aborto en la propuesta de la diputada Soraya Suárez, advirtiendo que el proyecto no solo agrava las penas, sino que introduce interpretaciones ambiguas que podrían afectar incluso el acceso a métodos anticonceptivos.
“Se imponen penas de hasta 30 años y se introducen disposiciones que podrían criminalizar el uso de medicamentos como las pastillas del día después. La redacción es tan ambigua que hasta un té de hierbas podría ser interpretado como un intento de aborto”, detalló.
Asimismo, destacó que en muchos casos, la determinación del estado de necesidad quedaría en manos del tribunal, por encima de la valoración médica, lo que podría generar decisiones judiciales contrarias a la evidencia científica.
Desde Participación Ciudadana, se cuestiona la intención detrás de estos proyectos de reforma, señalando que la fragmentación de propuestas podría dar lugar a una legislación inconsistente.
“¿Vamos a presentar un sancocho de proyectos para terminar con un Frankenstein legal? Las leyes deben implementarse garantizando derechos, no recortándolos”, concluyó Blanco.
