RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La organización no partidista, Participación Ciudadana, anunció su rechazo a la Política de Protección de Datos, puesta en marcha por la Suprema Corte de Justicia, al considerar que la misma busca invisibilizar a los infractores de la ley frente a la sociedad.
La entidad sostuvo que la SCJ, con la Política de Protección de Datos, permite la eliminación o sustitución de toda información que pueda identificar o hacer identificable a cualquier persona física.
Mientras que el abogado Julio Cury calificó la Política de Protección de Datos como un “exceso de poder” y afirmó que excede las competencias de la SCJ. Calificó la normativa de inconstitucional al regular derechos fundamentales sin seguir los procedimientos establecidos en la Carta Magna.
Según Participación Ciudadana, dicha disposición “ayudará a invisibilizar frente a la sociedad a los infractores de la ley, sobre todo a los corruptos, generando impunidad y mayor corrupción. Con esta medida se pretende invertir el principio de que la regla es la transparencia y la privacidad la excepción”, expuso.
“La Constitución es clara cuando establece como parte de la tutela judicial efectiva y el debido proceso que los juicios serán públicos, lo que no solo es una garantía que protege a los imputados, sino además a la sociedad, transparentado lo que ocurre en los juicios, sobre todo en aquellos de naturaleza penal”, indica un documento de prensa.
“La publicidad de los juicios debe incluir la identificación de jueces, fiscales, abogados, notarios, alguaciles, secretarios de tribunales, auxiliares y todo el personal relacionado, pero también a las partes en el proceso, imputados, querellantes, víctimas, actores civiles, así como a testigos e informantes, con las excepciones propias para proteger a menores de edad y personas vulnerables”, apuntó Participación Ciudadana.
Explicó que el acceso a los expedientes de los casos judiciales, no solo corresponde a las partes en el proceso, sino a cualquier ciudadano y de manera especial a los medios de comunicación, a fin de garantizar el derecho a la información y a la libre expresión. Contrario a este principio, la nueva política establece restricciones para terceros, término que incluye a la prensa y a la ciudadanía.
Participación Ciudadana sostuvo que cualquier conflicto entre el derecho a la información y la expresión y el derecho a la intimidad debe, como regla general, ser decidido a favor de la transparencia, sobre todo cuando se involucre a funcionarios y bienes públicos, con las debidas excepciones, que deben ser muy puntuales.
De acuerdo a la entidad, en la nueva normativa del Poder Judicial, la lista de datos personales sujetos al anonimato es tan extensa, que incluye hasta la cédula de identidad y electoral, que es requerida para realizar múltiples operaciones privadas y permite diferenciar personas con el mismo nombre.
“Esta política pretende ampararse en la experiencia de otros países, olvidando que esos países han alcanzado un nivel de desarrollo institucional, incluyendo al sector justicia, que nuestro país aún no alcanza”, señaló la entidad no partidista.
Agrega que su preocupación radica porque esta medida se produce en momentos en que el país tiene el gran reto de combatir la corrupción, el crimen organizado, así como delitos tan graves como la trata de personas, el lavado de activos, los feminicidios y la pedofilia, que tanto daño hacen a la sociedad.
Llamó al Poder Judicial para que retire esta normativa, por ser un duro golpe a los esfuerzos que han hecho amplios sectores para sacar a nuestro país de una larga historia de corrupción e impunidad.
De manera especial, preocupa que la política de protección de datos del Poder Judicial pueda servir de sustento a los jueces para impedir a la ciudadanía y a la prensa el acceso a la información, conquista fundamental en un régimen democrático y en países con bajos niveles de transparencia.
“Los derechos fundamentales solo pueden regularse de acuerdo con el artículo 112 de la Constitución y mediante leyes orgánicas, es decir, leyes aprobadas con una mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes de ambas Cámaras.
Agregó que esta política busca restringir el derecho a la información en los procesos judiciales, al prohibir la divulgación de los nombres de las partes involucradas en ciertos casos.
“El artículo 44 de la Constitución es un derecho fundamental. Entonces, hay aquí un exceso de poder por encima de cualquier eufemismo que ellos utilizan para endulzar su decisión, su política”, declaró.
Asimismo, recordó que ninguna autoridad pública puede asumir competencias que no le han sido expresamente otorgadas por la ley.
