RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El periodista, Fernando Quiroz, coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo, acusó al gobierno dominicano de incumplir los compromisos establecidos en la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), promulgada el 5 de junio de 2023.
Aunque la normativa fue celebrada como un avance, Quiroz denunció que su implementación ha sido negligente y tardía, afectando a miles de familias en el país.
La ley, que contempla medidas integrales para la atención de las personas con TEA, estipulaba la emisión de un reglamento de aplicación en un plazo máximo de 120 días tras su promulgación.
Sin embargo, dicho reglamento fue aprobado con más de nueve meses de retraso, el 24 de julio de 2024, mediante el decreto 403-24. Este retraso, según Quiroz, generó un vacío crítico en la ejecución de acciones necesarias para garantizar derechos fundamentales como la educación, la atención médica y la inserción laboral.
“A pesar de la emisión tardía del reglamento, el gobierno no ha tomado pasos concretos. Hay falta de recursos, programas especializados y coordinación interinstitucional, dejando a las personas con TEA y sus familias en un limbo de desamparo”, sostuvo Quiroz.
La normativa asigna responsabilidades específicas a diferentes instituciones del Estado:
- Ministerio de Salud Pública y CAID: Investigar, detectar y tratar el TEA, además de coordinar estudios estadísticos a nivel nacional junto con la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
- Ministerio de Educación (MINERD): Garantizar el acceso inclusivo a la educación, fomentando el desarrollo cognitivo, social y emocional de las personas con TEA.
- MESCyT: Promover políticas para incluir a personas con TEA en la educación superior.
- Ministerio de Trabajo: Diseñar estrategias de inserción laboral, apoyando el autoempleo y emprendimientos, en colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
Sin embargo, Quiroz afirmó que ninguna de estas acciones se ha desarrollado plenamente hasta la fecha.
Con el inicio de 2025, Quiroz apeló directamente a la vicepresidenta Raquel Peña, destacando su rol como autoridad, mujer y madre, para liderar las acciones necesarias para cumplir con la Ley 34-23.
“La implementación de esta ley no puede seguir postergándose. No es solo un tema legal, es un tema humano. Las familias de personas con TEA necesitan soluciones inmediatas. El incumplimiento refleja una indiferencia hacia una población históricamente marginada”, señaló.
Quiroz también resaltó la importancia de transformar las promesas en acciones concretas: “El retraso en la ejecución de la ley no solo viola derechos, sino que perpetúa el desamparo. Las familias esperan que este año marque un cambio real en la postura del gobierno”.
Impacto de la ley en la vida de las personas con TEA
La Ley 34-23 busca garantizar derechos fundamentales que han sido ignorados durante décadas. Entre sus objetivos destacan:
- Mejorar el diagnóstico y tratamiento temprano del TEA.
- Fomentar una educación inclusiva y adaptada a las necesidades individuales.
- Promover la autonomía y la inserción laboral mediante programas de capacitación y acuerdos con empresas privadas.
Sin embargo, las demoras en su implementación han limitado el impacto positivo esperado, dejando a las familias sin los recursos prometidos.
